El Presidente Municipal es señalado de desviar recursos. Además, detectan que se “infló” la nómina y que se hicieron pagos a personas que ya no trabajan en el Ayuntamiento; se solicitó una investigación por parte del Congreso del Estado.
Fue el regidor, Carlos Iraís Enríquez Rodríguez quien denunció la existencia de estas anomalías en el manejo de recursos, señalado nóminas “infladas”, así como el pago a personas que no conocen, pero algo grave es la falta de entrega de cuentas desde el mes de abril para que sean revisadas por el cabildo.
A la vez se denunció que elementos de la policía municipal dieron a conocer que los hacían firmar sus nóminas por 4 mil 500 pesos. Cuando en realidad lo que se les pagaba eran únicamente 2 mil pesos. Esta irregularidad ya se hizo del conocimiento del Congreso del Estado, así como de la Auditoria Superior del Estado y Contraloría.
También se falsificaron firmas de varios trabajadores y funcionarios, que desde hacía tiempo habían renunciado, ya que no se les pagaba su sueldo aparentemente por orden del propio alcalde, Tirso Robles Azuara; esto fue después de perder las elecciones, pero se descubrió que algunos seguían apareciendo en la nómina y el sueldo seguían cobrándolo, sin saber quién lo hacía o de quien fue la orden.
Lo incongruente es que muchas nóminas parecen firmadas, por lo que, falsificaron las firmas; delito que se tiene que castigar tomando en cuenta que es desvió de recursos municipales que debieron aplicarse en la realización de obras sociales que beneficiarán a la población.
Otra irregularidad es que los regidores no han recibido aún las cuentas de los meses correspondientes a abril, mayo y junio, tiempo durante el cual estuvo al frente del Ayuntamiento, Nicolás Martínez Medina, presidente interino, mientras Tirso Robles Azuara contendía en busca de la reelección, pero tampoco las cuentas de los meses de julio, agosto y septiembre que le corresponden, por lo que desconocen si hay irregularidades y las pretende ocultar.
El mismo regidor denunció que el Presidente Municipal nunca informó al cuerpo de Cabildo el número de trabajadores que habían sido dados de baja, o quienes fueron reinstalados o si hubo modificaciones en los sueldos. Por ello es que se ha solicitado una investigación por parte de la legislatura local y que se finquen las responsabilidades tanto al alcalde como a funcionarios que estuvieron de acuerdo en cometer estas acciones fuera de la ley.
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