Campesinos de la Huasteca que enfrentan deudas con la Financiera Rural, piden al Gobierno Federal se les apoyo y les condone la misma, toda vez que muchos perdieron toda, hasta la cosecha por siniestros naturales y les es imposible pagar lo que deben, lo cual ya fue planteado a través de organizaciones campesinas.

Los afectados son cientos de productores del área de Pujal-Coy, de municipios como Taumín, Ébano y San Vicente Tancuayalab, que forman parte de la planicie huasteca y otros municipios de la zona que suspendieron los pagos de sus créditos ante la Financiera Rural con sede en este municipio, luego de la “jugarreta” que les hicieron al aumentarles el 2% a la deuda, sin previa autorización y conocimiento.

Ahora asesorados por líderes, confían en que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador les condene la deuda pendiente, porque es imposible pagar, ya que carecen del recurso y denuncian que “la bomba estalló” contra la Financiera Rural AC, a raíz del aumento notificado del 2 por ciento anual por sobre los créditos solicitados, y que inicialmente fue del 6.5 para mujeres y 8.5 por ciento para hombres, lo que a estas alturas, es imposible pagar.

Señalaron que cuando hicieron el reclamo en la institución crediticia, una funcionaria de segundo nivel en la directiva, identificada como "la licenciada Katya", les explico que ese dos por ciento lo pagaría la SAGARPA, pero al incumplir esta dependencia, se le anexo al crédito solicitado por los campesinos y las deudas ahora son impagables para el sector social.

Ante este incremento en las deudas, los afectados se enfadaron y ante la sugerencia de líderes acordaron suspender los pagos, en espera que el Presidente de la Republica, al conocer el problema tome cartas en el asunto y les condene la deuda, porque ante diferentes circunstancias enfrentadas por los productores les es imposible pagar.

Consideran que este cobro es indebido y en el caso de la SAGARPA dice que nada se puede hacer, por lo tanto, mientras más tiempo pasa, esta deuda crece y hay el temor de los productores de perder su patrimonio, por lo que esperan que la Federación les apoye.

Y explican que con el dos por ciento que se incrementó sin la autorización del solicitante, para los hombres quedó el interés de 9.5 y para las mujeres e 8.5 por ciento, por lo que dicen que, a pesar de las amenazas y la presión, no tienen con que pagar, por lo que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y buscar que todo se solucione con la intervención del Gobierno Federal.

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