La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue reformada en 2023 a nivel federal, y en la cual se añadieron disposiciones cruciales para garantizar espacios urbanos y transporte público libres de violencia y acoso sexual hacia las mujeres, representa una oportunidad significativa para mejorar la seguridad de las mujeres en estos ámbitos, abordando un problema que ha sido ignorado durante demasiado tiempo.

Roxana Fabiola Montelongo Cervantes, abogada y maestra en Derecho e Investigación, subraya que estas disposiciones son una oportunidad vital para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar programas que erradiquen la violencia contra las mujeres en el transporte público, como lo ha solicitado la diputada.

Emma Idalia Saldaña Guerrero, quien impulsó un Punto de Acuerdo que busca exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, para que implemente programas para erradicar la violencia de género y garantizar condiciones de seguridad para las mujeres usuarias.

Pues según estudios, siete de cada diez mujeres han sufrido acoso y hostigamiento sexual en el transporte público, una deuda social que debe ser atendida con urgencia.

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La abogada especialista remarcó que esta ley ya engloba aquellas violencias contra la comunidad, es decir, el acoso sexual en espacios públicos está catalogado como una forma de violencia que conlleva un abuso de poder respecto de la víctima, sin que medie relación alguna con la persona agresora. Y como esta se manifiesta a través de una conducta física o verbal de connotación sexual no consentida ejercida sobre una o varias personas, en espacios y medios de transporte públicos, cuya acción representa una vulneración a los derechos humanos.

Montelongo Cervantes señaló que es obligación de esta dependencia identificar necesidades de cooperación mutua requeridas para prevenir el acoso sexual en el transporte público. Así como conocer y fortalecer los lineamientos para la prevención, atención y derivación de los casos de acoso sexual en el transporte público, y en su caso acompañar a la víctima a realizar la denuncia correspondiente.

De igual modo, la abogada propone varias soluciones para abordar este problema. Una de las más destacadas es la instalación de botones de emergencia en las unidades de transporte público. Al ser accionado por una víctima, el operador debería detener la unidad y solicitar ayuda inmediata, ya sea llamando al 911 o a la Policía de Proximidad Social.

“Es crucial que los operadores de transporte reciban capacitación adecuada para actuar ante estas situaciones y garantizar que el agresor no escape, ofreciendo así a las víctimas una sensación de seguridad y justicia”.

Además, la especialista remarcó que es fundamental proporcionar a las víctimas información sobre las instituciones que pueden ofrecerles ayuda para denunciar a su acosador y apoyo psicológico para superar el trauma. Esta atención puede brindarse de inmediato o a través de citas en dependencias públicas pertinentes.

“La capacitación de todos los involucrados en el sistema de transporte público, desde los operadores hasta sus dirigentes y la policía, es esencial para mejorar y disminuir el acoso y hostigamiento sexual en el transporte público. Las estadísticas son alarmantes pues siete de cada diez mujeres usuarias del transporte público han vivido algún tipo de acoso. Esto debe detenerse”.

También subrayó que el Estado, como garante de los derechos de las mujeres, debe asegurar que estas iniciativas se implementen y se lleven a buen término, para beneficiar así a toda la sociedad y garantizar un entorno seguro para todas las mujeres.

Sobre las denuncias y sanciones, la abogada remarcó que el acoso y hostigamiento sexual son delitos sancionados por el Código Penal de San Luis Potosí. Sin embargo, la aplicación de estas sanciones varía según la entidad federativa. En general, las penas pueden incluir multas y, en casos graves, prisión. Por ejemplo en el Código Penal Federal establece que el acoso sexual se sanciona con una pena de uno a tres años de prisión y multas, pero las circunstancias específicas de cada caso pueden influir en la sentencia.