La ex magistrada Laura Angélica Ángeles Zamudio, recomendó a abogados potosinos capacitarse para poder adecuarse al nuevo sistema de juicios orales en materia civil y familiar, que operará en el país a más tardar en 2027.
Pidió que las autoridades apoyen con infraestructura para facilitar la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Tras una conferencia que impartió a integrantes de la Asociación de Abogados Postulantes y Especialistas en Oralidad A.C.
La exfuncionaria del Poder Judicial del estado de Guanajuato fue invitada a impartir una conferencia sobre juicios orales civiles y familiares, que este fin de semana se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
En entrevista posterior, dijo que las autoridades deben ayudar a implementar correctamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Comentó que desde hace una década, Guanajuato ya cuenta con un código de procedimientos civiles y familiares, como el que se aplicará a nivel nacional, y que ha aplicado desde 2012 y “esto nos permitió migrar a la oralidad; tenemos cierta ventaja”
Agregó: “Hoy ya tenemos un código de oralidad familiar y civil a nivel nacional que tenemos que implementar y las y los abogados nos tenemos que capacitar, incluyendo jueces, juezas y personal de los juzgados…”.
La ex magistrada guanajuetense consideró que las autoridades deben apoyar con capacitación pero también con la infraestructura que se requerirá, como las salas de audiencia o equipos informáticos, por ejemplo.
Al respecto, el presidente de Asociación de Abogados Postulantes y Especialistas en Oralidad A.C. de San Luis Potosí, Efraín Torres Salazar, aplaudió que una cantidad importante de abogados locales hayan respondido a la convocatoria para asistir a la conferencia. “Vemos que hay mucha gente, abogadas y abogados interesados en la oralidad que viene en materia familiar civil”, indicó.
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pretende acabar con prácticas que limitan una justicia pronta y sumaria, y su implementación entrará en vigor de manera progresiva y a más tardar el 1 de abril de 2027.