Urge actualizar la Ley General de Aguas para evitar el fracking y la contaminación de los ríos, coincidieron participantes del foro “Agua para todos, agua para vida”, realizado este sábado.
Rosa Esther Peña Soto, Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca, miembro de la Coordinadora Nacional de Agua Para Todos Agua para la Vida y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, manifestó que hace años debió actualizarse la Ley General de Aguas en el país para cumplir el objetivo de protegerla como un derecho humano.
Manifestó que esta ley puede ayudar a evitar la fracturación hidráulica en el país, especialmente en la Huasteca, donde hace unos días se revivió la posibilidad de que una empresa de origen chino utilice el fracking para la extracción de petróleo en Ébano, “nos quedó muy claro que a pesar de que nuestro Presidente ha declarado más de ocho veces que no va a haber fracking en el país, las empresas están presionando, entonces necesitamos una ley que prohíba el fracking en México”.
Denunció que este proyecto que pretenden realizar en Ébano, contempla la perforación de 200 pozos, además de que habría perforaciones verticales y horizontales en la tierra, por lo que se extendería más la contaminación.
Aparte, Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca, destacó que de ocho ríos que cruzan la Huasteca, sólo uno, el río Claro, está libre de contaminación y reducción en su afluente, además de que este año se presentaron problemas severos como la desaparición del río Gallinas y la contaminación de los ríos Axtla y Huichihuayán.
El 5 de julio se realizará otro foro por parte del Congreso del Unión y ahí se entregarán las propuestas ciudadanas para la actualización de la Ley General de Aguas, en donde ya se tienen definidos 12 puntos no negociables, como: garantizar la gestión pública del agua sin fines de lucro; democratizar la decisión sobre aguas nacionales; respetar el derecho de los pueblos indígenas y núcleos agrarios sobre las aguas en sus territorios; no permitir la minería tóxica ni la fractura hidráulica; asignar los recursos públicos suficientes para obras hídricas locales, entre otros.