Los entes obligados que recibieron observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) están ante la última oportunidad para desahogar antes de que se apliquen las sanciones en los casos donde no logren, dijo el auditor superior Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
Mediante las denuncias penales, se hará de conocimiento a la Fiscalía Especializada la posible comisión de hechos delictivos, y por medio de la denuncia de juicio político, hará lo propio ante el Congreso del Estado, por la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos.
Informó que concluyó el plazo que la ley otorga para que los entes obligados entreguen la documentación que solvente las observaciones definitivas incluidas en los Informes Individuales de Auditoría a las Cuentas Públicas 2022.
Una vez concluida la revisión a las Cuentas Públicas y notificadas las acciones y recomendaciones que integran los informes finales a los 112 entes fiscalizados, éstos tienen su última oportunidad de desahogar las observaciones definitivas en las que se determinan los daños y perjuicios al patrimonio y Hacienda Pública de los mencionados entes.
Rodrigo Lecourtois agregó que a partir de la recepción de documentos, el IFSE cuenta con un plazo de 60 días hábiles para pronunciarse sobre las respuestas que presentaron las entidades fiscalizadas; en caso de que persista la no solventación de una o varias observaciones, el IFSE procederá conforme la ley establece.
Esto es, notificará a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen los procedimientos respectivos; promoverá ante el Tribunal u órgano interno de control la imposición de sanciones por faltas administrativas graves o no graves según corresponda, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa.