La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se niega a que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) le audite 1,200 millones de pesos y corre el riesgo de que, si pierde el amparo definitivo que promovió, se le observe toda esa cantidad con las consecuencias legales que ello implica, advirtió el auditor superior del estado Rodrigo Joaquín Lecortuois López.
Cabe mencionar que las acciones por falta de entrega de información van desde multas previstas por los artículos 102 y 104 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que ronda entre las 150 y 2000 UMAS, monto que incluso podría duplicarse al caer en la reincidencia.
Además, el artículo 323 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en la fracción VIII, indica que podría incurrir en el ejercicio ilícito de las Funciones Públicas, la falta de entrega de la cuenta pública en el tiempo establecido, lo que conllevaría una con una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización que perciba al momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación del doble de la pena de prisión impuesta para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La UASLP y la Universidad de Sinaloa, son las únicas universidades públicas en el país que se oponen a la revisión de sus ingresos, “es un riesgo que le he comentado al propio rector Alejandro Zermeño, porque el día de mañana si pierden el amparo, la responsabilidad es para ellos, no va a pasar para nada de forma institucional”.
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Dijo que históricamente, la Universidad Autónoma había salido observado con entre 2 y 4 millones de pesos de dinero que no pudieron justificar, la mayoría de ellos que le habían dado a los alumnos, pero para nada comparado con el riesgo que están tomando ahora por los 600 millones de pesos por dos ejercicios fiscales.
“Somos muy respetuosos de la decisión que ha tomado en este caso la Universidad Autónoma a través de su equipo legal; no nos entregaron información financiera ni del 2022 ni del 2023 y se observó toda la cuenta pública, es decir, cerca de 600 millones de pesos por ejercicio fiscal, es decir, 1,200 millones de pesos”.
Dijo Lecourtois López que “siempre se ha auditado la Universidad Autónoma, fue el cambio de autoridades legales dentro de la universidad los que tomaron una nueva determinación, decir, ¿saben qué? no vamos a dejarnos ser auditados porque son recursos propios, consideran que no es dinero público a pesar de que el dinero proviene del estudiantado, de varios servicios que presta la universidad, peritajes, etcétera”.
“Ellos dicen, no, es que eso no es dinero público, es dinero de la universidad, entonces no nos pueden auditar. Este problema lo planteó por primera vez la Universidad Autónoma de Sinaloa por un pleito personal que tenía el rector, hoy fallecido en un tema muy escandaloso de narcotráfico en aquella entidad, con el entonces gobernador, que trascendió en las demás universidades, hubo reuniones y todos coincidían en ese tema. Sin embargo, la Universidad Autónoma de San Luis fue la única que dijo, no nos vamos a dejar auditar”.
El auditor superior señaló que “este amparo ya tenía tiempo, sólo que hubo paro por parte de las autoridades federales, sin embargo, de forma, no sé si equivocada, la propia defensa de la Universidad presentó sobre los mismos hechos un juicio de nulidad que invalidó el propio amparo que habían presentado, toda vez que no puede determinarse en el amparo por el principio de definitividad, hechos que ya están viéndose en otro juicio ordinario”.