Ejidatarios de Villa de Guadalupe buscan la suspensión del proyecto de la presa La Maroma debido a que dicen, se les despojará de agua a la que tienen derecho por decreto presidencial.
Este miércoles, ejidatarios de Villa de Guadalupe expusieron su inconformidad con la construcción del ducto que llevará a la presa La Maroma, ya que con él se va a extraer agua de un manantial del cual se abastecen desde hace décadas gracias a dos decretos presidenciales, uno de los años '20 y otro de los años '50.
No estamos en contra de los avances, solamente queremos que se nos respete el número de metros cúbicos que tenemos por decreto
Hernando Gómez Blanco, ejidatario de La Presa
Denunciaron que nunca se hizo una consulta pública para verificar que los 201 ejidatarios estuvieran conformes con la construcción del ducto y la presa, pues aunque se hizo una sola reunión, acudieron menos de 20 personas, a quienes les prometieron el regadío para 400 hectáreas de parcelas, cuando aseguran, son más de mil 400 hectáreas las que actualmente se riegan con el manantial en cuestión.
Hernando Gómez Blanco, ejidatario de La Presa, destacó que los ejidatarios “no estamos en contra de los avances, solamente queremos que se nos respete el número de metros cúbicos que tenemos por decreto, que rebasa los 7 millones de metros cúbicos”.
La presa se construye en los límites entre Villa de Guadalupe, Matehuala y Real de Catorce, por lo que los ejidatarios señalan que entre las comunidades afectadas se encuentran Chilares, Depósitos, La Presa, La Presita, Puerta del Río y aledañas
Al respecto, Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien lleva la defensa legal de los ejidatarios, explicó que ya se presentaron dos amparos, uno de naturaleza agraria y otro por afectaciones ambientales, y está en proceso uno más por parte de las autoridades ejidales.
Señaló que no hay oposición a la presa y el ducto como tal, sino al procedimiento que se ha hecho por parte de las autoridades, puesto que es ilegal querer extraer agua del manantial del que se abastecen los ejidatarios por decreto presidencial, aunado a numerosas deficiencias administrativas.
Entre éstas últimas mencionó que no tienen permiso tramitado ante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Segam) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)para hacer detonaciones de pólvora, en la manifestación de impacto ambiental tramitada ante la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat) se encontraron más de 10 irregularidades, como el hecho de que el proyecto no fue sometido a consulta pública ni se dio a conocer en medios idóneos; a ello se suma que al limitar el flujo de las aguas bravas se causará desertificación de la zona.
Luévano Bustamante indicó que al restringir el cauce del agua y reorientarlo para llevarlo a Matehuala, “es algo que nosotros identificamos como racismo ambiental, es decir, se prioriza el interés de empresas y particulares en despojo de los campesinos”.
Manifestó que hay dos posibles escenarios ante el proceso legal que se lleva, uno es la suspensión total del proyecto, y otra que sea reorientado y se corrijan las anomalías que se han encontrado, y aunque el juicio puede llevarse varios meses, por lo pronto se busca la suspensión de los trabajos.
Cuestionado respecto a esta inconformidad, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Manuel Téllez Bugarín, aseguró que no ha existido acercamiento de los ejidatarios para presentar alguna queja, “ha habido contacto con ellos para escuchar sus inconformidades si es que las tienen”.
Insistió en que el proyecto se consensó con los ejidatarios y se les dieron a conocer los beneficios, pues afirmó que la presa es una necesidad que ya tenía la zona desde hace 100 años, por lo que dijo esperar que no sea detenida su construcción.