“Es el entorno y las barreras de actitud que ponemos hacia las personas con discapacidad, las que impiden que se desarrollen de una manera plena y a partir de ello, hay una serie de obstáculos para que puedan acceder plenamente a todos sus derechos”, indicó Nadia Sierra Campos, experta en los sistemas internacional e interamericano de Derechos Humanos.
Magistrados, jueces y personal jurisdiccional de Salas, Juzgados y del Consejo de la Judicatura participaron en un taller denominado “Derechos Humanos y acceso a la justicia de las personas con discapacidad” que se impartió en el Poder Judicial del Estado.
Al respecto, el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Paulo Almazán Cué, destacó que en México, 7.1 millones de habitantes padecen de alguna discapacidad de las cuales, el 2.7% vive en el estado de San Luis Potosí, lo que lo ubica en los primeros siete lugares del país con más alto porcentaje, por lo que indicó que la responsabilidad para lograr la igualdad es mayor.
Mencionó que “generar condiciones necesarias para el disfrute de todas las personas, de todos los derechos, es el medio más adecuado para lograr una estabilidad social que permita el crecimiento equitativo de todos sus integrantes”, por lo que este tipo de talleres forman parte de una lucha por la inclusión de forma digna de las personas con discapacidad.
Por su parte, la experta señaló que “las personas ciegas, sordas o con alguna discapacidad motora, tienen mayores posibilidades de acceso a estos derechos si se encuentran con alguna persona con la disposición de ayudarles, pero las personas con alguna discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial enfrentan mayores barreras”.
Como ejemplo de ello indicó que si bien un restaurante puede instalar rampas para las personas con alguna discapacidad motora, no se tienen menús en braille, “hacer ajustes que permitan que las personas con distintas diversidades funcionales, estén plenamente incorporadas, y en esto, hay que hacer un esfuerzo mayor y ser creativos”.
Finalmente, Almazán Cué, dijo que trabajar en este tema forma y es una de las acciones del Poder Judicial del Estado para cumplir con la meta nacional de un México incluyente en el que seamos capaces de garantizar el acceso y disfrute efectivo de los derechos de toda persona.