Taxistas presentaron una solicitud de juicio político en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes Ramiro Robledo López ante el Congreso del Estado, por omisiones en su responsabilidad y entregar concesiones a 27 mujeres que no cumplen los requisitos de antigüedad, sólo por una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.
El vocero de los manifestantes Luis Alberto Colorado Saavedra dijo que las acciones legales contra el funcionario estatal tienen fundamento y esperan que realmente prosperen en las instancias correspondientes, luego de reunirse con la presidenta de la comisión de Comunicaciones del Poder Legislativo diputada Alejandra Valdés Martínez.
“No estamos en contra de que las concesiones se le entreguen a mujeres, es más, nosotros lo que queremos son concesiones, pero para quienes tienen 14 o 20 años e el volante y no apenas 7 años como el caso de una de las beneficiadas y todo porque Derechos Humanos, que no es autoridad, hizo la recomendación”.
Expuso que además Ramiro Robledo no cumple su responsabilidad y obligación de poner a disposición de la autoridad a quienes prestan el servicio de transporte de manera irregular, en vehículos particulares (Uber), lo que demuestra su tolerancia al pirataje y esa es una causal para que proceda el juicio político.
“Si las compañeras tuvieran la antigüedad como la de otros compañeros que están esperando concesión, no habría problema, aquí no se trata de reclamar porque son mujeres sino porque hay quienes tienen más años prestando el servicio y de las 840 concesiones que dieron, todavía emitieron otras 27 para igual número de damas”, expuso.
Por su parte, la diputada Alejandra Valdés Martínez dijo que la problemática es por la tolerancia a los Uber, pues con la ley 444 se dio entrada a este servicio que consideran como pirata, retirando vehículos que después están trabajando nuevamente, de la suerte que los taxistas están molestos y promovieron el juicio político.
“El diputado Martín Juárez que preside la Comisión de Gobernación atenderá el asunto, pues la ley dice que procede cuando hay omisiones en el trabajo, sin embargo, le vamos a requerir al funcionario información y si no la proporciona, será un elemento más que contará; el plazo para que entregue los datos correrá a partir del 15 de enero y será de 10 dias”.
Ahí se le preguntará cómo otorga la concesiones, en base a qué criterio, cuantas multas ha levantado y cuantos vehículos le ha recogido a Uber y dónde está ese dinero, a qué se canalizó, porque nadie sabe hasta la fecha a dónde ha ido a parar todo el recurso que se cobra por las elevadas multas.