En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, las ladrilleras que antaño fueron una parte importante de su actividad socioeconómica han dejado de operar en varias zonas donde anteriormente se concentraban. Sin embargo, la problemática relacionada con estas instalaciones persiste, principalmente por las denuncias de quema de residuos prohibidos y las dificultades de jurisdicción que enfrentan las autoridades municipales.
Según la información proporcionada por el área de transparencia de la Dirección de Ecología Municipal, señala que aunque la regulación y supervisión directa de las ladrilleras corresponde a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), conforme a los artículos 74, 75 y 83 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, el Ayuntamiento de Soledad, a través de su Dirección de Ecología, ha implementado rondines para prevenir la quema de residuos no autorizados.
“Estas acciones se suman a los esfuerzos por dar seguimiento a las denuncias ciudadanas y, en caso de ser necesario, imponer las sanciones correspondientes dentro de sus atribuciones”, se indicó.
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Sobre su ubicación, un diagnóstico socioambiental del Colegio de San Luis, encabezado por el Dr. David Madrigal, reveló en donde y cómo se encontraba la distribución de las ladrilleras de este municipio, las cuales estaban dispuestas en áreas como Cándido Navarro, Camino a Peñasco, áreas cercanas a San Jerónimo , Potrero de Adentro, colonia Morelos II, Fraccionamiento San Patricio,San José del Barro en fraccionamiento Continental, cerca a avenida Berriozabal, Colonia Miguel Hidalgo así como zonas periurbanas y rurales.
Sin embargo, actualmente muchas de estas instalaciones ya no se encuentran en funcionamiento, lo que ha transformado el panorama urbano y reducido su impacto ambiental directo.
A pesar de ello, los habitantes de las áreas colindantes continúan reportando actividades relacionadas con la quema de materiales prohibidos. Por ejemplo, vecinos de Potrero de Adentro han denunciado una ladrillera que opera dentro del límite territorial de la colonia Tercera Grande, bajo jurisdicción del municipio de San Luis Potosí. Situaciones similares se reportan en fraccionamientos como Valencia, cuya ubicación en la frontera con Tercera Chica 4 complica la atención de las quejas debido a la confusión sobre la delimitación administrativa.
“Se necesidad de una mayor coordinación intermunicipal para atender los problemas relacionados con las ladrilleras, y que las instancias estatales y de la capital, garanticen una regulación ambiental efectiva”, indicaron.