El proceso administrativo derivado en la clausura de sus instalaciones, iniciado por el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez en contra de la Minera San Xavier, busca determinar los daños y omisiones en materia de desarrollo urbano, faltando de iniciar el proceso propio de la Dirección de Ecología, a la que le corresponde el cobro por la tala y desmonte de las 134 hectáreas usadas de manera indebida por la empresa canadiense.
Así lo explicó la Secretaría General del Ayuntamiento, Yoloxochitl Díaz López, quien indico que actualmente, en lo que corresponde al ayuntamiento de Soledad, se está verificando lo que es la licencia de cambio de uso de suelo y de construcción, algo en lo que no ha puesto interés la empresa.
“El procedimiento en contra de la minera, es el segundo que se inicia para determinar los daños y omisiones en materia de desarrollo urbano provocados por la empresa, hablamos del cambio de uso de suelo y las licencias de construcción, nuestra materia no es determinar respecto a la contaminación, eso le corresponde a otras instancias, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente” dijo la funcionaria.
Díaz López explicó que si bien cada instancia involucrada trabaja de acuerdo a sus atribuciones y el tema de la contaminación no le corresponde como tal, al ayuntamiento, esté si puede iniciar un procedimiento aparte, por el cobro de la tala y desmonte de las 134 hectáreas ubicadas en Soledad de Graciano Sánchez, que han sido utilizadas por la minera desde 1999.
Ya que en su momento, todas las instancias involucradas, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el propio ayuntamiento, pueden actuar cada uno en el ámbito de sus competencias, verificando que la empresa haya remediado el polígono afectado y cumplido con tema como el de las licencias, antes de que se retire de Soledad de Graciano Sánchez.
