Sofía Viramontes Cruz, era tan solo una niña cuando su hermana Susana Guadalupe Viramontes Cruz, fue víctima de feminicidio el 4 de julio del año 2012, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Un hecho que la obligó a crecer rápido, a entender los costos de la violencia y a afrontar las irregularidades y negligencias de un sistema de justicia, al que sus padres hicieron frente para hoy día poder capturar luego de casi diez años, al feminicida.

Estas experiencias la convirtieron en activista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, con la finalidad de poder ayudar a otras familias que enfrentan el mismo proceso y así apoyarlos a superar las dilaciones de las autoridades, brindando acompañamiento y guía por medio del colectivo de madres y padres víctimas colaterales de feminicidio “Por ellas, por nosotras y por todas”.

“Todo inició a raíz del feminicidio de mi hermana, cuando yo tenía 12 años y en ese entonces, pues no sabía nada sobre el activismo, solo que teníamos que hacer algo para llevar un proceso en donde yo tenía que ir a los juzgados con mi familia, también ¿decir que yo no recuerdo nada de mi vida antes de los 12, porque a mí corta edad tuve que aprender a ser un adulto, en un mundo que me había arrebatado a mi hermana”.

Pero no fue hasta sus 18 años, que fue aún más consciente de cómo la ausencia de su hermana Lupita, había marcado su dinámica familiar y cómo este hecho atroz de alguna manera había transformado su visión de la vida.

En ese momento comenzó a ser aún más analítica del contexto que rodeó la muerte de su hermana y comenzó a preguntarse las deficiencias de las autoridades, los costos psicológicos y las dinámicas violentas que se han instalado sistemáticamente en la forma de vida de un país, en donde se ha recrudecido la violencia contra las mujeres.

“Ya siendo una mujer mayor edad te das cuenta de la gravedad de la situación, sobre todo de esta violencia que aqueja a las mujeres en nuestro estado y en nuestro país y, a raíz de lo que le sucedió a mi hermana, comencé a asumirme como activista y defensora”.

Fue así que, en el año 2019, Sofía acudió con su mamá la señora Susana Cruz Rodríguez, a su primera marcha en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en donde se presentó a las afueras de la Fiscalía General del Estado, para exigir, en ese entonces, la pronta localización del feminicida de su hermana.

Ahí Sofía contó la historia de Lupita, y expresó el dolor que le causaba a su familia la simulación de las autoridades y la falta que le hacía su compañera de juegos, su cómplice, su amiga y a una hermana que recuerda también como una madre, pues Lupita cuido muchas veces de ella, todo ello para poner fin a ese capítulo en donde solo exigía justicia.

“Cuando nos invitaron a la primera marcha yo no dimensionaba todo el impacto que tenían estas movilizaciones y como fue a la primera que acudimos pues para nosotros fue algo sorprendente. Para mí un parteaguas para comenzar el trabajo dentro de la defensa de los derechos humanos, comencé a conocer la perspectiva de otras mujeres, sus demandas y exigencias, y así quise poner también un granito de arena para que esas familias que pasaban por lo mismo que nosotros fueran escuchadas”.

Su experiencia en torno a la obtención de justicia le ayudó a conocer de primera mano muchos más casos de feminicidio y comenzó a organizarse con otras familias víctimas, para así empezar a crear un colectivo que acompañe y oriente a otras madres y padres que son víctimas indirectas de feminicidio.

“Nos empezamos a involucrar aún más en el acompañamiento, digamos que en un tipo de asesoría informal para otras madres y otras familias víctimas que estaban sobrellevando y pasando una situación similar, pues sabemos que hay madres que no saben qué hacer, porque no existe un instructivo que te indique que pasos seguir después de que le arrebatan la vida a una hija, a una madre, a una hermana, tampoco te dicen cómo hacerle para sobrellevar esto y mucho menos nadie te dice cómo trabajar con las autoridades”.

Sofía Viramontes, quien hoy tiene 22 años de edad y cursa la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arraiga Leija”, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, remarcó en entrevista el interés que tiene por cambiar el mundo, por marcar una referencia y que, ninguna niña, niño y familia, como ella, sufra las desatenciones de un sistema, pero, sobre todo marcar un precedente para que las víctimas colaterales de un feminicidio encuentren en ella un soporte.

“Me gustaría también en algún momento de mi vida enfocarme de lleno en las víctimas indirectas, porque siento que es un tema del que no se habla, porque por ejemplo, a mi hermano y a mí no se nos tomó en cuenta en una reparación del daño, entonces basada en nuestra experiencia poder acompañar a quienes enfrentan una situación similar”.