San Luis Potosí se convirtió en el noveno estado en el país en visibilizar la violencia vicaria, luego de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

La Violencia Vicaria fue definida como: las acciones de violencia ejercida sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, pudiendo consistir la violencia en cualquiera de las modalidades que reconoce esta ley, incluyendo la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas.

Es una de las formas de violencia de género más graves, crueles y despiadadas que existen, y solo recientemente comenzó a visibilizarse, pues como casi todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, la tolerancia social impide ponerles alto y permite su legitimación, causando en este caso daños irreparables e incluso la destrucción de las mujeres que la padecen.

Esta violencia, propone dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente sus hijos e hijas, donde el padre, o la pareja o ex pareja de la mujer ejerce una violencia extrema en su contra, llegando incluso a causarles la muerte.

La violencia vicaria, se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de éstos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y en los casos más extremos con el asesinato de las hijas o hijos, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente.

Esas hijas e hijos sufren desde luego daños irreparables y son también víctimas de esta violencia de género. Esta violencia se propone lograr el control total y el dominio sobre la mujer, en un alarde máximo de posesión en una relación de poder basada en la desigualdad.

La reforma aprobada, establece que el Poder Judicial del Estado tendrá entre sus obligaciones, dentro del programa de capacitación permanente a su personal, capacitar sobre todos los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia vicaria por ser de reciente reconocimiento.

Y en atención a las víctimas, se deberá generar el apoyo interinstitucional del Sistema DIF a través de la PPNNA; Secretaría General de Gobierno, a través de la SIPINNA; Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos; y apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijos e hijas que estén siendo víctimas de violencia vicaria; así como realizar las acciones tendentes a garantizar a las víctimas el derecho a la justicia.

Durante la presentación y aprobación del dictamen, estuvieron en el Pleno mujeres víctimas de la violencia vicaria.