/ martes 26 de noviembre de 2024

SLP primer lugar en violencia obstétrica; activistas piden avance legal

Actualmente, en San Luis este tipo de violencia no está tipificada en la Ley y al ser el primer lugar a nivel nacional, quiere decir que una de cada diez mujeres en la entidad ha identificado haber sido víctima de este tipo de situaciones

Luego de que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIReH) 2021, coloca a San Luis Potosí como el Estado con mayor prevalencia de violencia obstétrica con un 38.9 por ciento de prevalencia a nivel nacional, entre mujeres de 15 y 49 años de edad, la presidenta de la organización Entre el Sol y una Estrella, Beatriz Martínez Monjaraz, considera apremiante que se legisle sobre el tema porque hay pocas leyes que combatan este fenómeno.

“Sí, necesitamos ahora que haya un avance, no en el tema legal y que se busque justamente tanto expandir este protocolo, que ya está aprobado, como darle la importancia también al tema de la violencia obstétrica con todas las mujeres en general, porque pues también no es solamente una cuestión de violencia institucional, sino que también va por razón de género, entonces estamos hablando también de este otro tema y es súper importante que pueda ser atendido y que se legisle a favor del tema de la violencia obstétrica”.

Actualmente, en San Luis este tipo de violencia no está tipificada en la Ley y al ser el primer lugar a nivel nacional, quiere decir que una de cada diez mujeres en la entidad ha identificado haber sido víctima de este tipo de situaciones en el último parto, le siguen lugares como Tlaxcala y la Ciudad de México.

Es una forma de violencia, tanto institucional como por razón de género, está relacionada con los funcionarios porque las dependencias tienen ciertas responsabilidades, la obligación de garantizar los derechos, como el de vida, la integridad personal, el de la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad y a la autonomía reproductiva, a la información y al libre consentimiento informado, también a la protección de la salud.

Se sugiere a las instituciones realizar una capacitación constante a todo el personal sanitario y que haya una construcción de guías y protocolos de atención al parto porque no siguen estos lineamientos, y con ello están transgrediendo los derechos antes mencionados.

Cortesía / activistas

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En materia legal hay muchas deficiencias “se podría decir que estamos en pañales, mira afortunadamente, yo fui pionera y autora de una iniciativa de ley que se llama, Código Mariposa, va relacionada con el tema, busca justamente abordar la violencia obstétrica, pero va relacionado y enfocado hacia las mujeres que tienen pérdidas, ya sea gestacionales, perinatales o neonatales. Se acaba de aprobar ahora en el mes de abril, entonces puede ayudar un poquito también en el tema de violencia obstétrica al Estado no, pero digamos que es la primera porque hasta ahora no han aprobado otras”,

En el 2019, la diputada Yolanda Josefina Echeverría, propuso a una iniciativa, sin embargo, no avanzó y se quedó estancada “y va en relación justamente a la tipificación de la violencia obstétrica”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), numerosas mujeres alrededor del mundo enfrentan un trato irrespetuoso y ofensivo al dar a luz en establecimientos de salud y en México de acuerdo con la ENDIREH 2021, de las 7 millones 839 mil 186 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron el nacimiento de un hijo entre 2016 y 2021, 31.4 por ciento experimentó violencia durante el parto o la cesárea; con una diferencia de 22.8 puntos porcentuales por lugar de atención.

Según gráficas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, fue mayor la prevalencia de violencia cuando los partos ocurrieron en hospitales o clínicas del sector público en un 37.9 por ciento que en los del privado en un 15.1 por ciento.

Los actos que experimentaron en mayor porcentaje estas mujeres fueron: le gritaron o la regañaron en un 11.0 por ciento, la presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo o la operaran para ya no tener hijos en un 9.7 por ciento, la ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o sobre su bebé en un 9.0 por ciento, se tardaron mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que estaba gritando o quejándose mucho en un 8.0 por ciento y la obligaron a permanecer en una posición incómoda o molesta 7.2 por ciento.

Cabe referir que recientemente la titular de la secretaria de Salud de Gobierno del Estado, dijo que trabaja en la capacitación de doctores y en las visitas de revisión a clínicas privadas para que no sucedan estas situaciones, pues aquí “hay garantía legal para las mujeres víctimas de violencia obstétrica”.

Se sabe que las quejas se pueden hacer a través de la dependencia, la Contraloría del Estado y también por denuncias penales en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, FGE.

Luego de que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIReH) 2021, coloca a San Luis Potosí como el Estado con mayor prevalencia de violencia obstétrica con un 38.9 por ciento de prevalencia a nivel nacional, entre mujeres de 15 y 49 años de edad, la presidenta de la organización Entre el Sol y una Estrella, Beatriz Martínez Monjaraz, considera apremiante que se legisle sobre el tema porque hay pocas leyes que combatan este fenómeno.

“Sí, necesitamos ahora que haya un avance, no en el tema legal y que se busque justamente tanto expandir este protocolo, que ya está aprobado, como darle la importancia también al tema de la violencia obstétrica con todas las mujeres en general, porque pues también no es solamente una cuestión de violencia institucional, sino que también va por razón de género, entonces estamos hablando también de este otro tema y es súper importante que pueda ser atendido y que se legisle a favor del tema de la violencia obstétrica”.

Actualmente, en San Luis este tipo de violencia no está tipificada en la Ley y al ser el primer lugar a nivel nacional, quiere decir que una de cada diez mujeres en la entidad ha identificado haber sido víctima de este tipo de situaciones en el último parto, le siguen lugares como Tlaxcala y la Ciudad de México.

Es una forma de violencia, tanto institucional como por razón de género, está relacionada con los funcionarios porque las dependencias tienen ciertas responsabilidades, la obligación de garantizar los derechos, como el de vida, la integridad personal, el de la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad y a la autonomía reproductiva, a la información y al libre consentimiento informado, también a la protección de la salud.

Se sugiere a las instituciones realizar una capacitación constante a todo el personal sanitario y que haya una construcción de guías y protocolos de atención al parto porque no siguen estos lineamientos, y con ello están transgrediendo los derechos antes mencionados.

Cortesía / activistas

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En materia legal hay muchas deficiencias “se podría decir que estamos en pañales, mira afortunadamente, yo fui pionera y autora de una iniciativa de ley que se llama, Código Mariposa, va relacionada con el tema, busca justamente abordar la violencia obstétrica, pero va relacionado y enfocado hacia las mujeres que tienen pérdidas, ya sea gestacionales, perinatales o neonatales. Se acaba de aprobar ahora en el mes de abril, entonces puede ayudar un poquito también en el tema de violencia obstétrica al Estado no, pero digamos que es la primera porque hasta ahora no han aprobado otras”,

En el 2019, la diputada Yolanda Josefina Echeverría, propuso a una iniciativa, sin embargo, no avanzó y se quedó estancada “y va en relación justamente a la tipificación de la violencia obstétrica”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), numerosas mujeres alrededor del mundo enfrentan un trato irrespetuoso y ofensivo al dar a luz en establecimientos de salud y en México de acuerdo con la ENDIREH 2021, de las 7 millones 839 mil 186 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron el nacimiento de un hijo entre 2016 y 2021, 31.4 por ciento experimentó violencia durante el parto o la cesárea; con una diferencia de 22.8 puntos porcentuales por lugar de atención.

Según gráficas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, fue mayor la prevalencia de violencia cuando los partos ocurrieron en hospitales o clínicas del sector público en un 37.9 por ciento que en los del privado en un 15.1 por ciento.

Los actos que experimentaron en mayor porcentaje estas mujeres fueron: le gritaron o la regañaron en un 11.0 por ciento, la presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo o la operaran para ya no tener hijos en un 9.7 por ciento, la ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o sobre su bebé en un 9.0 por ciento, se tardaron mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que estaba gritando o quejándose mucho en un 8.0 por ciento y la obligaron a permanecer en una posición incómoda o molesta 7.2 por ciento.

Cabe referir que recientemente la titular de la secretaria de Salud de Gobierno del Estado, dijo que trabaja en la capacitación de doctores y en las visitas de revisión a clínicas privadas para que no sucedan estas situaciones, pues aquí “hay garantía legal para las mujeres víctimas de violencia obstétrica”.

Se sabe que las quejas se pueden hacer a través de la dependencia, la Contraloría del Estado y también por denuncias penales en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, FGE.

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