San Luis Potosí se encuentra por debajo del promedio nacional en abasto de medicamentos, destacó Andrés Castañeda Prado, coordinador del colectivo Cero Desabasto, que cuenta ya con representación en la entidad potosina.
Este miércoles se firmó un convenio entre el colectivo Cero Desabasto y las asociaciones locales Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, Apoyare y Fundación Renace para colaborar en la documentación y atención de desabasto de medicamentos; al respecto, Castañeda Prado indicó que la entidad potosina se encuentra por debajo del promedio en abasto de medicamentos, que de por sí disminuyó drásticamente durante la pandemia, ya que lo ideal es que esté al 97 o 98% como mínimo.
Precisó que de acuerdo al sistema INDICA de la Secretaría de Salud federal, en el segundo cuatrimestre de 2022 las unidades urbanas de primer nivel tenían un promedio de 73% en abasto de medicamentos, mientras que en San Luis Potosí era de 62%; en las unidades rurales el promedio de abasto nacional era 77% y fue igual en la entidad; en las clínicas urbanas de la Secretaría de Salud fue de 72% a nivel nacional y 57% en el estado; y en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social en el régimen IMSS Bienestar el abasto fue de 89% de enero a septiembre, y de 76% en San Luis Potosí.
Explicó que el desabasto de medicamentos en el país no solamente tiene repercusiones en la salud de los pacientes, también genera un aumento en el gasto familiar por tener que costear los medicamentos de su bolsillo, una carga en términos jurídicos para las instituciones al tener que responder los medios legales que interponen los pacientes para acceder a las medicinas, un aumento en quejas en organismos de derechos humanos, así como robo y falsificación de medicamentos por la necesidad de conseguir medicamentos por otras vías.
Aunque el desabasto de medicamentos ha sido generalizado, mencionó que el año pasado el primer lo ocuparon los destinados al tratamiento del cáncer, después los de diabetes, los de pacientes con trasplante, hipertensión y salud mental; y para 2022 los de salud mental subieron a segundo lugar, seguidos de diabetes y enfermedades reumatológicas. Aunque insistió en que hay otras enfermedades como VIH en las que ha habido reportes constantes de desabasto de medicamentos en todo el país.
Es por ello que el colectivo que agrupa ya 95 organizaciones en todo el país, busca detectar las denuncias de desabasto para gestionar la entrega ante las autoridades y garantizar la salud de los pacientes, ya que el no contar con su tratamiento en tiempo y forma, causa estragos en la salud. Los reportes de desabasto de medicamentos, estudios o consultas, se pueden realizar en la página www.cerodesabasto.org o en el número de WhatsApp 5518209299.
Una de las organizaciones potosinas que ha participado en el colectivo desde hace tres años, es Fundación Renace, misma que se ha encargado de promover 10 amparos colectivos a favor de pacientes que no recibieron sus medicamentos en tiempo, en Ciudad de México, Yucatán, Veracruz y San Luis Potosí; en este último caso, fueron amparados todos los niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Central, así como mujeres con cáncer de mama.
Al respecto, Raquel Álvarez Charqueño, coordinadora del área de Litigio de Fundación Renace, informó que en todos los amparos, los jueces han otorgado suspensiones de plano y sentencias favorables, ya que han determinado que la Secretaría de Hacienda y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) han causado este desabasto al no contar con procesos efectivos para la licitación y distribución de medicamentos, lo que afecta el derecho a la salud de los ciudadanos, por lo que han ordenado el abasto inmediato de los medicamentos.
Aunque señalo que los amparos son una forma de obligar legalmente a que las autoridades entreguen los medicamentos, reconoció que el resultado no es inmediato, además de que generan una desigualdad entre los pacientes que tienen acceso a un abogado, y los que no, por lo que lo ideal es que no tengan que recurrir a instancias jurídicas para hacer valer su derecho a la salud.