El Estado de San Luis Potosí es la novena entidad del país más peligrosa para las mujeres periodistas del país, según destaca en el Balance Anual 2023 la organización no gubernamental Comunicación e Información de la Mujer A.C., CIMAC.
Dieron a conocer el balance anual 2023 Violencia contra Mujeres Periodistas donde refieren que del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023 el organismo registró 184 casos de agresiones en contra de mujeres periodistas en toda la nación, por el ejercicio de su labor siendo la Ciudad de México la entidad que más violencia presentó contra quienes ejercen la labor de informar a la ciudadanía. Le siguen entidades como Michoacán, Puebla, Coahuila, Jalisco, Morelos, Baja California, Chiapas y San Luis Potosí en la novena posición. La décima la ocupa el Estado de México.
En el mapa de riesgos que identifican de este estado potosino detallaron que hay al menos siete denuncias de mujeres periodistas que vivieron violencia durante el 2023 por llevar a cabo la labor de informar.
Las reporteras continúan siendo las que vivieron más ataques a lo largo de este año en un 61 por ciento, le siguen directoras con 22 por ciento, conductoras de televisión con 4 por ciento, columnistas 3 por ciento, fotoperiodista 3 por ciento, fotorreportera 2 por ciento, bloguera 2 por ciento, jefa de información 1 por ciento, editora 1 por ciento, periodista de investigación 1 por ciento.
Muestran un escenario que en San Luis Potosí ya se había avistado donde reportan que durante las coberturas a protestas feministas periodistas en un 21 por ciento, le sigue la cobertura de corrupción 18 por ciento, derechos humanos 9 por ciento, información general 8 por ciento, seguridad 4 por ciento, cobertura electoral 4 por ciento, protesta social 4 por ciento, abuso de autoridad 4 por ciento, transparencia 3 por ciento, educación 3 por ciento, género 3 por ciento, crítica al gobierno 2 por ciento, movimiento sociales 2 por ciento, medio ambiente 2 por ciento, congreso 2 por ciento, policíaca 2 por ciento, y otros 9 por ciento.
Se soslaya que cuatro de cada 10 agresiones han sido cometidas por personas funcionarias públicas, hay un señalamiento específico de funcionarios municipales, seguidos de los estatales y los federales, pero también de personas particulares o civiles, sin identificar, usuarios en las redes sociales, equipo de partido político, empresarios, simpatizantes de partidos políticos.
El bloqueo informativo fue el atentado contra la libertad de expresión más recurrente y en el 34 por ciento de los casos conllevó una agresión física el 78 por ciento, de las agresiones conllevaron violencias psicológicas el 20 por ciento, violencia física 2 por ciento, patrimonial y sexual 1 por ciento.
A las mujeres que informan se les bloquea informativamente, se les acosa judicialmente, descrédito de la labor, detención arbitraria, amenaza de muerte, intimidación, amenazas, censura, hostigamiento y se hace una campaña de desprestigio en su contra entre otros.
La violencia comunitaria se posiciona como la más recurrente en comparación con años anteriores en los que la violencia institucional y digital sucedían con más frecuencia en el ámbito comunitario 42 por ciento, ejerce violencia contra las reporteras en el institucional 40 por ciento, en el digital 16 por ciento, en el ámbito mediático 1 por ciento, en el ámbito laboral 1 por ciento.
Las campañas de desprestigio y los actos de hostigamiento son los ataques digitales a la libertad de expresión más recurrentes a lo largo del 2023 con un 19 por ciento, hostigamiento 19 por ciento, descrédito de la labor 14 por ciento, amenaza 11 por ciento, doxing que consiste en recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo sin su consentimiento con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional 8 por ciento, afectaciones a canales de expresión 8 por ciento, ataques a medios de comunicación digital 5 por ciento, amenaza de muerte 5 por ciento, intimidación 3 por ciento, otros 8 por ciento.