En San Luis Potosí se han abierto 5 carpetas de investigación por delitos electorales en el primer trimestre de 2024, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en su reporte de incidencia delictiva del fuero común.
Así, el estado potosino se ubica en el Top 10 de estados con mayor número de carpetas de investigación abiertas por este tipo de delitos, por detrás de la Ciudad de México, con 200; Hidalgo, con 35; Estado de México, con 31; Oaxaca, con 22; Baja California, con 14; Nuevo León, con 7; y con el mismo número de incidencias que Puebla y Tabasco.
A nivel nacional, se han abierto 357 carpetas de investigación, por lo que el top 10 de estados concentra el 91.87 por ciento del total de las indagatorias por presuntos delitos electorales.
¿Cómo estuvo la situación en el mismo período de 2021?
Cabe recordar que en 2021 también hubo elecciones en varios estados del país; en el caso de San Luis Potosí se renovaron los ayuntamientos, el Congreso local y el gobierno estatal.
Según los datos del SNSP, en el primer trimestre de 2021 también se registraron 5 carpetas de investigación por delitos electorales; sin embargo, estas fueron abiertas en marzo.
En total, en ese año se registraron 31 carpetas de investigación, siendo abril el mes en el que se abrieron un mayor número de carpetas, con 21.
¿Qué son los delitos electorales?
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los delitos electorales "son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible".
Entre las principales acciones que pueden tratarse de un delito electoral se encuentran: utilizar bienes o servicios públicos en una campaña, condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales en favor de un partido político o candidato, comprar o coaccionar el voto de servidores públicos, intimidación durante la jornada electoral o impedir el acceso a casillas, rebasar los montos legales o usar recursos de procedencia ilícita en una campaña, destruir o dañar material electoral, incumplir obligaciones de rendición de cuentas, publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados, inducir el voto siendo ministro de culto y alterar los datos de la credencial para votar.