Aunque entre 2019 y 2021 hubo una reducción en la cantidad de unidades económicas víctima del delito en la entidad potosina, San Luis Potosí es el segundo estado del país en donde más actividades dejaron de realizar a consecuencia de la inseguridad.
Este jueves el INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022, en la cual se estima que 24.6% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito, lo que equivale a 1.2 millones de unidades económicas víctimas. El sector comercio es donde más delitos se cometieron con un 27.8%, seguido del sector servicios con 22.7%, y la industria con 19.4%.
En la entidad potosina, la prevalencia delictiva por cada 10 mil unidades económicas fue de 3 mil 617 en 2019, y 3 mil 303 en 2021, además disminuyó la cantidad de empresas que perciben como insegura a la entidad, al pasar de 76.8% en 2020 a 71.1% en 2022; los delitos más frecuentes fueron extorsión y robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, y es "a plena luz del día" cuando más delitos se cometen, en horario de 12 a 18 horas.
El gasto en medidas de protección y de las pérdidas a consecuencia del delito durante el 2021, se tradujo en un costo promedio de 57 mil 180 pesos en la entidad, por lo que el costo del delito en el estado se encuentra por arriba del promedio nacional que es de 56 mil 936 pesos.
Así mismo, San Luis Potosí es una de las tres entidades del país donde las unidades económicas más actividades dejaron de realizar a consecuencia de la inseguridad: el 30.4% redujo horarios de producción o comercialización, 24.1% dejó de manejar efectivo, 23.7% canceló inversiones, 5.5% dejó de comercializar o hacer negocios, y en 10.6% él o los dueños dejaron de asistir.
IMPUNIDAD
La encuesta también revela que persiste la desconfianza en las autoridades, pues en 2021 sólo se denunció el 11.4 % de los delitos a nivel nacional. De éstos, 74.4% llevó al inicio de una carpeta de investigación en el Ministerio Público o Fiscalía estatal, por lo que del total de delitos, sólo se inició carpeta de investigación en 8.5% de los casos. Lo anterior representa un 91.5% de delitos sin denuncia o sin inicio de carpeta de investigación; es decir, 2.6 millones de delitos de los 2.9 millones ocurridos.
Sin embargo, el hecho de que se inicie una carpeta de investigación no garantiza que se sancione el delito, pues del total de denuncias ante el Ministerio Público o Fiscalía estatal, en 55.1% de los casos no sucedió nada o no se resolvió, o bien, está en trámite la denuncia. Esto equivale a un total de 179 mil delitos de los 326 mil denunciados.
Entre las razones para que las unidades económicas no denunciaran el delito ante las autoridades destacaron: pérdida de tiempo, con 37.5% y no tenía pruebas, con 18.1%.
Respecto de la percepción de corrupción en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, 71.7% de las unidades económicas considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de la policía preventiva municipal con 64.4 por ciento.
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