Además de enfrentarse a la pérdida de su pareja y padre de sus hijos, hay mujeres que han quedado en indefensión en materia económica al no recibir los seguros de vida a que tenían derecho sus esposos por ser policías al servicio del Gobierno del Estado.

Karla perdió a su esposo un 25 de mayo cuando éste acudió a brindar un auxilio en la colonia Mezquital, donde fue recibido a pedradas por las pandillas, de tal manera que falleció en cumplimiento de su deber como policía estatal. Han pasado once años desde entonces y hasta la fecha, Karla no ha recibido los seguros de vida de su esposo, quien tenía derecho a un seguro de vida como policía y otro por ser trabajador de Gobierno del Estado.

Tuve que hacer un juicio para que me dieran el seguro por orfandad en Pensiones, los seguros de vida hasta la fecha no me los dan incluso señaló que a su esposo le descontaban un seguro voluntario, del que tampoco se le ha sabido dar cuenta.

Narra que en aquel entonces, Marcelo de los Santos Fraga, quien era el gobernador en turno, y Alfonso Castillo Machuca, que era secretario General de Gobierno, le ofrecieron una base sindicalizada para que trabajara en Gobierno del Estado, sin embargo, aunque fue asignada a la Dirección del Registro Civil, se le dio el nombramiento de policía, por lo que continuamente es llamada para que presente los exámenes de control y confianza y que acuda a la Academia Estatal de Policía, a lo cual se ha negado tras la experiencia de haber perdido a su esposo en dicho empleo.

Otro caso es el de Gabriela, cuyo esposo falleció en la balacera ocurrida en 2007 en la calle Independencia; a ella, De los Fraga le prometió una base sindicalizable, e incluso una casa y becas de estudios para sus hijas. Puntualizó que la beca, que consistió en el pago de las cuotas voluntarias porque sus hijas iban a escuela pública, sólo se cubrió el primer año.

“A mí sí me dieron los seguros de vida que eran en ese tiempo de 300 mil pesos cada uno, repartidos entre mi suegra y yo”, de la casa y la base sindicalizada, Gabriela no ha visto nada aún, pues aunque le dieron empleo también fue asignada a la Secretaría de Seguridad Pública y ha sido requerida tanto para la Academia como para los exámenes de control y confianza.

Aunado a ello, denuncia que la pensión ha disminuido poco a poco cada mes, así que mientras la pensión de un Policía B es de 18 o 19 mil pesos, a ella le depositan 11 mil 400 pesos, “al año son alrededor de 76 mil pesos que se está quedando Gobierno”.

Un caso más reciente es el de Diana, quien perdió a su pareja cuando fue acribillado en la calle en octubre del año pasado en un día en que se encontraba de descanso; el “pero” que le han puesto a ella, es que no estaba casada con el oficial, y aunque procrearon una hija que ya tiene 7 años de edad, le negaron los seguros y la pensión ya que la menor no estaba como beneficiaria en los documentos.

“Me negaron todo totalmente, no me quisieron dar ni pensión para mi hija, nada, me dijeron que por no estar casada con él no tenía derechos, y que pelear la pensión me tardaría mucho tiempo, que no tenía posibilidades de que le dieran pensión a mi hija, en los seguros me dijeron lo mismo, que porque mi hija no estaba de beneficiaria no le tocaba, que si quería podía entablar una demanda contra los beneficiarios para que le pudiera tocar algo, pero igual se iba a tardar mucho tiempo”.

Diana solicitó la plaza de su pareja, pero también se la negaron, y señala que ha evitado la demanda porque “para todo se necesita dinero”.

Como estas tres mujeres, hay al menos nueve más que ya se han organizado para exigir sensibilidad del Gobierno del Estado y que se les entregue el apoyo que se promete en cada homenaje luctuoso que se rinde a un policía caído.