San Luis Potosí se encuentra a la espera de la legislación que permita la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, un proceso que la Dirección General de los Servicios de Salud asegura estar preparado para abordar.

Elizabeth Dávila Chávez, Directora General de los Servicios de Salud, destacó que se cuenta con la infraestructura necesaria en hospitales y con médicos capacitados para llevar a cabo este procedimiento de manera segura, siempre y cuando se despenalice.

“Estamos en espera de ese proceso en el que están y efectivamente tenemos la infraestructura tanto en hospitales, la preparación de los médicos para hacerlo con toda la seguridad siempre y cuando primero esté despenalizado y nosotros, entremos a no a obedecer, sino acatar el mandato con toda la seguridad que se debe de tener en cada uno de los hospitales”, afirmó Dávila Chávez.

La directora mencionó que la atención a las mujeres en situaciones complicadas, como embarazos que amenazan su vida, es una prioridad. Sin embargo, enfatizó que los médicos deben actuar dentro de un marco ético y legal, acatando los mandatos que se establezcan.

“En el equilibrio de los hospitales que tenemos con los cuatro generales, los ocho básicos, más los de alta especialidad podemos salir adelante”.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

En comparecencia con el congreso del estado, la titular de los servicios de salud, Leticia Gómez Ordaz, detalló que los casos de abortos que atienden actualmente en el estado son por inseminación artificial no consentida, riesgo de vida de la madre y violación.

El delegado del IMSS Bienestar en San Luis Potosí, Daniel Acosta Díaz de León, también subrayó que la atención al aborto se llevará a cabo únicamente una vez que la ley sea aprobada en el Congreso del Estado.

Ambos funcionarios coincidieron en que se necesita un proceso de transición para que el control de los hospitales sea completamente efectivo. La expectativa es que el Congreso del Estado avance en la legislación correspondiente, con plazos establecidos para las leyes secundarias y la reforma constitucional, es decir, hasta el 26 de noviembre y el 15 de diciembre, respectivamente.