Seguirá la lucha para legalizar el aborto

Activista feminista continuará el trabajo para obligar a que en San Luis Potosí, se garanticen todos los derechos.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

  · jueves 21 de mayo de 2020

"Nada está por encima de la razón y la constitucionalidad de los derechos humanos", por lo que el aborto legal será una realidad en San Luis Potosí, sostuvo Arely Torres Miranda, activista feminista e integrante de la mesa ciudadana de seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

Luego de que el Congreso del Estado una vez más votó en contra de la legalización del aborto en San Luis Potosí, la activista, quien fue promotora de una de las iniciativas rechazadas, indicó que en parte ya se esperaba esta respuesta debido a que "algo que ya sabíamos de muchos de ellos es que desconocen totalmente la obligación que tienen de garantizar los derechos para todas las personas".

Recordó que tanto organismos internacionales así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocen el aborto como un derecho humano de las mujeres, aunado a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una opinión jurídica en la que señala como una obligación, "terminar con los estigmas, la persecución y la criminalización de las mujeres por su derecho a decidir".

Precisó que en el caso de la iniciativa que presentó en conjunto con la diputada Alejandra Valdéz, habla sobre las formas de aplicación de la Norma 046, y responde a una recomendación de la Alerta de Violencia de Género, sin embargo los legisladores locales dan prioridad a sus creencias religiosas y su idea de que el aborto implica un asesinato, en lugar de analizar a profundidad el marco legal y la obligación que tienen, de garantizar todos los derechos y el acceso a ellos.

Finalmente, reprobó que los legisladores se "arrebaten la palabra" en fechas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre para condenar la violencia contra la mujer, y que después de ello la avalen negándole los derechos a las mujeres, por lo que adelantó que continuará el trabajo para obligar a que en San Luis Potosí, se garanticen todos los derechos.