La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha recuperado 32 millones 189 mil 103 pesos en utilidades para los trabajadores, informó Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la dependencia.

El funcionario estatal recordó que el 30 de mayo concluyó el plazo para el pago de utilidades en las sociedades mercantiles, por lo que todas aquellas empresas que tuvieron utilidades, sin excepción, debieron haber cumplido con dicha obligación.

Al respecto, informó que la Dirección de Inspección de la STPS atendió 20 denuncias correspondientes a nueve centros de trabajo, con un monto recuperado de 32 millones 189 mil 103 pesos en utilidades para los trabajadores, principalmente en el sector industria, acerero y comercio.

Así mismo, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo otorgó 58 asesorías, de lo cual derivó la negociación de un bono en 10 empresas por 12 millones 234 mil pesos en el sector hulero, automotriz, transporte de personal, acerero, gasolineras, tiendas departamentales y de conveniencia, hotelero y de seguridad pública.

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Agregó que todavía hay tres empresas más que están en proceso de verificación, pues hubo denuncia hacia ellas y fueron citadas, “pero a veces la denuncia no tiene qué ver con utilidades, es por acumulación de molestias”, por ejemplo, los trabajadores las denuncian por impago de utilidades pero al final salen a relucir quejas porque no han pagado otras prestaciones.

En ese sentido, señaló que cuando se recibe una denuncia por el tema de utilidades, se elabora un dictamen en el que se verifican aspectos como: Si presentaron en tiempo la carátula, pues aunque no hayan tenido utilidades deben presentarla; si integraron la comisión mixta para el pago de utilidades; y si pagaron en tiempo. En las nueve empresas señaladas se encontró principalmente que no hicieron proyecto para el pago de utilidades, y tardaron en anunciar cuándo iban a pagar.

De esta manera, las sanciones que se aplicarán a las empresas, salvo en uno de los casos, no serán tan altas, “vamos a ver principalmente las que fueron omisas en entregar en tiempo y forma, la sanción depende de la cantidades de trabajadores y el volumen de negocios de la empresa, pero van de 5 mil 700 a 570 mil pesos”.

Garza Álvarez destacó que hubo una reducción de quejas ya que el año pasado se recibieron 20 y este año solamente fueron centros de trabajo los señalados, sin embargo “la industria todavía tiene estrategias extrañas para evadir su obligación”.