Al Congreso del Estado de San Luis Potosí, llegaron trabajadores jubilados y pensionados de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, en lo que fue una manifestación o acompañamiento pacífico para atestiguar las reformas y adiciones al artículo 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio que buscan garantizar el pago puntual de las pensiones y subsanar el déficit financiero que lo amenaza en un par de fondos, esto debido a dos amparos que exigen la actuación de las autoridades.
Fue aprobada por unanimidad por el pleno del Congreso del Estado, durante la discusión, la diputada del Partido Nueva Alianza, PANAL, Claudia Tristán Alvarado puntualizó que esta modificación solamente sienta las bases del principio de una solución que si se continúa llevara al menos diez años, por lo que pidió al Gobierno del Estado pagar los adeudos que tienen con diversos fondos.
“Solicito muy puntualmente pueda continuarse con el pago de los adeudos, pues a la sección 52 del SNTE se le deben un total de mil 159 millones, este adeudo debe ser pagados reconociendo el esfuerzo que dicho grupo cotizador ha hecho (con las reformas para mantener estable su fondo de pensiones). Por eso el gran total representa 4 mil millones, pues al sector burócrata le adeuda 2 mil 800 millones aproximadamente es necesario que se pague al fondo de pensiones”.
En tanto, el diputado Edmundo Torrescano Medina antes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, recordó que, actualmente los trabajadores aportan el 14 por ciento al fondo de pensiones, pero los recursos no han sido entregados, por lo que pidió que se garantice que ningún maestro jubilado tenga que mendigar a lo que por derecho le corresponde.
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Se unieron a la solicitud para que se pague el adeudo al Fondo de Pensiones, el morenista Cuauhtli Badillo, y el de Movimiento Ciudadano, MC, Mauricio Ramírez Konishi, que solicitaron sanear el quebranto financiero que pone en riesgo las pensiones de los trabajadores.
Por su parte, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, José Luis Fernández Martínez, expuso que con este dictamen se busca reiniciar la reconstrucción del fondo de pensiones, “porque esta es la ruta para tener un fondo de contingencia, el cual ya existe, pero no tiene dinero por algunas circunstancias como son los adeudos que tiene Gobierno del Estado”.
Tampoco se debe de olvidar que en la Dirección de Pensiones en los últimos años se despacharon con la cuchara grande y hoy existen problemas con esta situación, por lo que exigen que se regrese el dinero, ya que no buscan tener a personas en la cárcel.
El artículo 28 contempla que ante una crisis provocada por el déficit de un fondo, las instituciones de la administración pública estatal o municipal, deben asumir y cubrir las prestaciones de los trabajadores activos y pensionados, pero la reforma propuesta por el Gobierno del Estado establece que la Dirección de Pensiones pida a la Secretaría de Finanzas, SEFIN, la asignación de recursos necesarios para enfrentar el déficit y concluir el ejercicio fiscal en curso, con una solicitud que debe realizarse a más tardar el mes de agosto de cada año, misma que deberá incluir el monto que se requiere por concepto de pensiones.
El procedimiento para que el Poder Ejecutivo se haga cargo del tema de las pensiones, estará sujeto a tres precondiciones como son el fondo que padezca el déficit debe pasar por una auditoria (en conformidad con el artículo 17 de la Ley en la materia) antes de recibir recursos; el dinero que se destine a capitalizar el fondo será derivado de los ingresos excedentes conforme a lo establecido en el con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y la solicitud de rescate al fondo solo se podrá hacer en un plazo de seis meses de anticipación a que el fondo se vea agotado.
Con esta reforma el poder ejecutivo y el legislativo pretenden dar cumplimiento a las sentencias dictadas en dos juicios de amparo indirecto: uno de 2019 y otro de 2021, en las que se exige al Estado y al mismo Congreso tomar medidas para garantizar el pago de las pensiones a los demandantes.
Los maestros acudieron al lugar encabezados por el secretario general de la sección 52 del SNTE, Martín Rodríguez Ramírez y ser observadores de estas modificaciones, que se asegura darán mucho de que hablar en lo subsecuente.
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