Mediante la certificación de los penales con mejores prácticas de reinserción social de las Personas Privadas de su Libertad, se pretende cambiar la percepción de que los centros de reclusión son escuelas del crimen.
Así lo comentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, general Guzmar Ángel González Castillo, quien dijo que el gobierno de Estado invierte y trabaja en cinco ejes rectores para implementar acciones que deriven en mejores practicas encaminadas a la reinserción de las PPL’s.
El mando de seguridad destacó que a la par de las acciones realizadas al interior de los penales en favor de la rehabilitación de los internos en los diferentes penales, a la fecha se han aplicado ya más de 700 mil pesos en la profesionalización tanto de elementos operativos como administrativos.
Agregó que de manera paulatina las vacantes que van quedando van ocupándose con el fin de contar en cada penal con el personal necesario que garantice el orden la disciplina y la seguridad de los centros de reclusión.
“Poco a poco se están cubriendo las vacantes, de ahí que este proyecto de capacitación para custodios va enfocado principalmente para que alcancemos la certificación y poder cambiar la mentalidad de la gente que comenta que -los penales- son las escuelas del crimen”.
El General Guzmar González sostuvo que entre esas acciones y además de impulsar su educación y ocupación laboral, se refuerzan las revisiones al interior de los penales para evitar la introducción de artículos prohibidos, como recién se hizo en el penal de La Pila.
Resultado de la revisión realizada en dormitorios de seguridad individual, de máxima seguridad entre otros, se encontraron gramos de hierba verde seca con las características similares a la marihuana, polvo blanco granulado al parecer cocaína, puntas hechizas, bocinas portátiles, cargadores de teléfono, audífonos, figuras de culto a la santa muerte, cigarrillos electrónicos y herramienta diversa.
“Estas revisiones se hacen en aras de seguir ofreciendo las mejores condiciones de orden, estabilidad y gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios del Estado y como parte de las medidas permanentes de seguridad para evitar el ingreso de drogas, armas u objetos prohibidos”.