Luego de que se afirmara que estados como Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua y Nayarit, eran los que supuestamente pagaron 2 mil 93 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones a trabajadores fantasma, Antonio Hernández Hernández, Director de Administración de la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, rechazó lo anterior afirmando que no se han realizado acciones indebidas en esta gestión.
A nivel nacional se indicó que las Secretarias de Salud estuvieron fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales, de acuerdo a información que emitió la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado.
Asimismo se relataba que el 62.5 por ciento de las entidades del país encontraron diversas maneras para pagar salarios que sacaron directamente del dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud.
En el caso local, se indicó de parte de los Servicios Estatales de Salud que no se han utilizado recursos para pagar de forma indebida a trabajadores existentes, ni al denominado personal fantasma “cada puesto está justificado y el recurso utilizado debidamente; todas las aclaraciones fueron entregadas a la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en su momento”.
Aclaró que en el caso del San Luis Potosí todos los recursos están justificados y se han aplicado de forma legal y se hicieron de conocimiento de la dependencia de rendición de cuentas “se habla de 7 millones para pagar indebidamente 18 personas de recursos. Estos recursos fueron usados para el pago de beneficiarios de pensión alimenticia y no de personal, uso legal que se puede hacer. Se les aclaró el destino de los recursos en forma debida”.
El otro rubro que habla de 97 millones de pesos que se destinarían a personas que no laboró en unidades médicas “se les aclaró que el personal fue pagado con presupuesto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA, y no por el Seguro Popular, aunque lo auditores se basaron en una plataforma a nivel federal distinta, también se aclaró correctamente”.
El otro punto de los 4.8 millones de pesos que refiere a personal no adscrito a unidades médicas, se trata de personal de vacunación anexo a hospitales que laboran en campo no en unidades, tema también justificado ante la ASF.
El Director de Administración de la Secretaria de Salud, sostuvo que el último recurso que se señala por 541 mil pesos para el pago de un personal que no cumplía con el perfil, se trata de una doctora que se comprobó posteriormente que sí cuenta con cédula de especialidad expedida por la Secretaría de Educación Pública, SEP, con lo que afirman todos los recursos fueron aclarados y entregados y están en proceso administrativo de revisión dentro del dictamen final de la Auditoria Superior de la Federación.