Se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de búsqueda de la igualdad, y de la protección a las personas en desventaja social, para dar cumplimiento a Agenda 2030.
Con esta modificación se establece la obligatoriedad del Estado para implementar programas sociales que garanticen a las personas en condición de pobreza el derecho a una vida digna, alimentación, y salud de calidad.
La reforma establece que “El Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, no solo reconoce su obligación de garantizar el derecho a la salud, a la alimentación suficiente y de calidad, a la vivienda digna y decorosa, a la protección del patrimonio familiar, el acceso al agua, sino también la de garantizar a través de programas sociales establecidos en la ley, el acceso gratuito de estudiantes al transporte público, atención médica gratuita a la población, y la entrega de apoyos económicos, alimentarios, pensiones, y subsidios a personas en condición de pobreza”.
Se indica que esta reforma es una acción más que obedece a la búsqueda de la justicia social, para que todas las personas que habitan en San Luis Potosí disfruten de la riqueza de la que han participado en su creación
El diputado Edmundo Azael Torrescano Medina presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que junto con las comisiones de Derechos Humanos y Hacienda del Estado dictaminaron la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, explicó que, en la exposición de motivos, se indica que esta reforma está en armonía a lo previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma contiene disposiciones que tienden a la búsqueda de la igualdad, de la protección a las personas en desventaja social, para dar cumplimiento a la Agenda 2030 y sus objetivos, entre ellos, el combate a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, y reducción de igualdades, entre otros.
Se indica que mediante esta reforma, se establece la obligatoriedad del Estado para implementar programas sociales que garanticen a las personas en condición de pobreza el derecho a una vida digna, alimentación, y salud de calidad; lo que coadyuvará para aligerar el gasto en sus hogares, esto con servicios públicos, y trámites sin costo; becas alimentarias; becas con recursos económicos en efectivo en apoyo a madres solteras, y personas adultas mayores; tortilla subsidiada; agua bebible gratuita; seguros de gastos médicos para mujeres; becas para estudiantes en condición de pobreza; programas de acceso gratuito al transporte público para estudiantes durante sus traslados en horario escolar, en auxilio de quienes se encuentran en condición de desventaja.
El dictamen será enviado a los Ayuntamientos para que sean aprobados por sus Cabildos.
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