Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el aumento a la tarifa del transporte urbano no está justificado. El titular de la dependencia, Leonel Serrato Sánchez, acusó a los permisionarios de no cumplir con los compromisos de mantener unidades en buen estado y reiteró que “si la concesión otorgada no les es redituable que la devuelvan”.
En reunión con los permisionarios, dijo, uno de los principales temas que se abordaron es el de la antigüedad y las condiciones de las unidades, en esta administración no nos vamos con la finta de que falta el “asiento rosa”, lo instalo y ya quedó.
No vamos a atender demandas en base a estridencias o lloriqueos, expresó, “la autoridad estará atendiendo a la Ley que, por cierto, no la hizo el gobernador Ricardo Gallardo, sino pasados gobiernos neoliberales”.
El funcionario estatal pidió a quienes se han interesado en el tema en que se soliciten y aborden temas realistas y acordes a la realidad, “la nuestra es una ciudad con muchas necesidades, luego las organizaciones andan por las nubes, como si vivieran en Estocolmo, vivimos en San Luis y vamos a regular de acuerdo con San Luis Potosí”.
Insistió en que el transporte público sí es negocio, “lo que sucede es que en las últimas tres administraciones estatales se dedicaron a ordeñar a los concesionarios con múltiples peticiones y moches”. El gremio, añadió, está sujeto a muchas presiones, recordemos que el transporte de San Luis que no solamente abarca los camiones sino también los taxis.
Adelantó que tendrán una propuesta para los permisionarios, donde el estado pueda apoyar la mejora sustancial del servicio y donde el usuario que reciba un mejor trato y que el costo no repercuta en su economía.
De igual forma, el titular de la SCT en el estado reconoció que el negocio de los permisionarios ha tenido una baja muy dramática, de más de 60 por ciento en su aforo ordinario, y que esa baja ha repercutido negativamente”.
Finalmente, Serrato Sánchez anunció que, por instrucciones del gobernador, “en breve se otorgará un subsidio a las capas sociales más desprotegidas, en este caso nuestro nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad, esto va a permitir que el resto de la población no tenga ninguna repercusión y reciba un servicio cuya calidad no esté en duda”.
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