Los diputados Mauricio Ramírez Konishi y Martín Juárez Córdova señalaron que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, es denigrante y crea incertidumbre sobre si de verdad existe la separación de poderes o estamos ante el sometimiento de un poder sobre otro.
Lamentaron que se estén destruyendo las instituciones que representaban un contrapeso del poder y en las que se sostenía el estado de Derecho, por intereses que tienen que ver con intereses pre electorales.
El legislador Ramírez Konishi dijo que “es denigrante para la ciudadanía que se tenga que poner a consulta el cumplimiento de la ley; si existe una Fiscalía General de la República que tiene su autonomía y una gran facultad para poder investigar, hay un marco jurídico suficiente y están muy claros los procedimientos, es realmente lamentable que el contrapeso del poder se preste a una simulación, por mas que hayan cambiado la redacción de la pregunta”.
La investigación sobre una persona que haya cometido un delito no se puede poner a consulta, si se cumple o no se cumple la ley; por eso estamos en una República, en un país de instituciones de respeto y poderes y no para jugar con ellas por una cuestión electoral, añadió el coordinador del GPPRI.
Añadió que “por mas que técnica jurídica que se utilice para juzgar -podrán tenerla- pero al mismo tiempo tienen una gran responsabilidad de respetar el marco de la ley y no adecuarlo a preferencias, caprichos o contextos particulares; deja mucho que desear una institución que es la base del Estado de Derecho”. Las instituciones no pueden ser puestas a merced de un contexto pre electoral, señaló.
Por su parte, el legislador Martín Juárez señaló que “durante el debate de la sentencia llama la atención la frase del ministro Javier Laynes Potisek que dijo: ¿desde cuando un jefe de Estado necesitaría una consulta para determinar si instruye a sus instituciones para buscar elementos para que se haga justicia?. La justicia no se consulta”.
Consideró que “es muy cierta la posición del magistrado sobre que “la justicia no se consulta”, no porque lo diga él sino porque resulta evidente que el artículo 35 de la Constitución federal establece: “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.
Juárez Córdova expuso que “la justicia es un derecho para las víctimas y la presunción de inocencia también es un derecho humano para quien es señalado como responsable de un delito. El enjuiciamiento a los ex presidentes se ha convertido en una cortina de humo para realmente atenderlos verdaderos problemas de la Nación. Es mantener un estado de ilusión popular de que es el pueblo el que juzga, dejando a un lado la obligación constitucional de procurar justicia”.