La Presidencia de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia es un cargo honorífico, por el que no se percibe ningún salario, bajo esa premisa la Senadora electa, Ruth González Silva, no tiene impedimento para llevar a cabo ambas funciones.
Así se explicó desde el organismo de ayuda, con lo que se prevé que continuará como presidenta del DIF en San Luis Potosí, tras su llegada al Senado de la República.
González Silva llega al Congreso de la Unión respaldada por más de 520 mil votos “con la misión de atender los asuntos que competen a su encargo legislativo”; en días pasados informó que se preparaba para tomar protesta como próxima Senadora de San Luis Potosí este 29 de agosto.
Con ello se sumará a la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara Alta, por lo que previamente acudió al Senado de la República a realizar el trámite de credencialización y otros procedimientos administrativos para cumplir con su encomienda.
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Refirió entonces que, gracias a la cercanía que mantuvo con la población de las cuatro regiones del Estado, se crearon comités ciudadanos de gestión, “para promover obras y acciones ante Gobierno del Estado y Gobierno de México, así como para velar por los grupos vulnerables y dar el apoyo total al impulso, crecimiento y desarrollo de San Luis Potosí”.
Los resultados de Ruth González Silva, reconocida por su labor al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con más de 520 mil votos, marcaron un hito para el Partido Verde Ecologista de México, que consolidó su crecimiento como fuerza política predominante a nivel nacional y sobre todo en el estado.
Durante su gestión al frente del DIF estatal implementó programas innovadores y de gran impacto social, que le valieron el reconocimiento y apoyo del electorado.
Hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de que alguien vaya a sustituir a González Silva al frente de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, al no haber ningún obstáculo legal que le impida llevar a cabo ambas funciones.