Claramente constituyen un delito las denuncias hechas sobre la estrategia fallida de seguridad, presuntas irregularidades en la corporación policíaca, divisionismos al interior de las fuerzas estatales y ocultamiento de información al Gobernador del Estado; por ello el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, requirió al Poder Ejecutivo que se investiguen los dichos que hasta hoy, no han sido tomados con seriedad por ninguna autoridad.
Y es que pareciera, que ni el Fiscal General del Estado, FGE, ni el Secretario General del Estado, han prestado atención a las serias acusaciones que vertió el ex Director de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Raúl Alanís Beltrán contra el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga.
“He decidido enviar un oficio al gobierno del Estado, que dirijo expresamente al Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, para que pida cuentas al encargado de la seguridad sobre los datos denunciados por Raúl Alanís Beltrán, ya que evidenció situaciones muy graves que pueden repercutir en la seguridad y tranquilidad de los potosinos, no aclarar sus dichos, se convertiría en una omisión por parte del Estado”.
Lo anterior, lo hace a razón del artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales y atendiendo a que se podría presumir el ejercicio de un delito “pedimos que la Secretaria General presente ante la Fiscalía General del Estado, FGE, una denuncia formal por estos hechos, mismos que pudieran constituir una trasgresión a las funciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga”.
El legislador panista, ejemplificó que a primera vista se observa el delito de ocultamiento de información en materia de Seguridad Pública, que encuadra en las hipótesis del artículo 323 del Código Penal vigente en el estado, hecho que hasta ahora ha pasado desapercibido y no se ha ejecutado ningún tipo de investigación.
“Pido me sean informadas las acciones legales desplegadas por la Secretaria General de Gobierno, tendientes a averiguar las conductas señaladas, y sí existen elementos de convicción que conllevan a la separación del cargo del Secretario de Seguridad, esto debe hacerse a la brevedad para esclarecer los hechos denunciados”.