Rubén Guajardo Barrera reiteró sus intenciones de ser presidente municipal de San Luis Potosí y dijo que el alcalde Xavier Nava debe definir si quiere ser candidato a gobernador o buscar la reelección, en cuyo caso, le competirá internamente y electoralmente, porque nadie debe tenerle miedo a la democracia.
Señaló que dependerá de la convocatoria panista si pide licencia como diputado o no, aunque también se debe tomar en cuenta que existen acciones afirmativas sobre paridad en las candidaturas, “de tal manera que no me obsesione, esperaré los tiempos y llegado el momento tomaremos decisiones”.
“Xavier Nava deberá definirse y si busca la reelección, que me gane, no hay por qué decir que n o, no se le debe tener miedo a la democracia que es la solución de muchos problemas como decía Castillo Peraza; en estos momento no quiero entrar en polémicas electorales, ya llegarán los tiempos”, expuso.
Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), afirmó asimismo que el combate a la corrupción y a la violencia política de género, así como la obligación para que el Fiscal General comparezca y proteger la lactancia materna, son de los principales logros alcanzados en dos años de trabajo legislativo.
Ante representantes de los medios de comunicación, el legislador presentó un avance de su Segundo Informe de Actividades Legislativas que dará este viernes a las 10.00 horas en el Centro de las Artes (Casa de Música) y en sus redes sociales, destacando algunas de las principales iniciativas y exhortos que han tenido un impacto significativo en la vida de la sociedad.
Expuso que en el tema de seguridad pública existen importantes avances, pero uno de los más importantes, es que como presidente de la Comisión de Justicia logró que el Fiscal General del Estado comparezca ante el Congreso del Estado cada año, ya van dos años que eso ocurre y en los próximos días deberá presentar un informe y además responder a las dudas de los legisladores.
Destacó Guajardo Barrera que en el caso del combate a la corrupción, se hizo una reforma para que los ayuntamientos con más de 90 mil habitantes que son el 70 u 80 por ciento, canalicen los apoyos de programas sociales a los beneficiarios mediante transferencias electrónicas, lo que dejará una huella fiscalizable.