Al presentar el informe final del proyecto “Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio En México", representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) destacaron los resultados muy satisfactorios encontrados en las prácticas del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.
La magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, recibió de Nayeli Sánchez Estrada, titular de los Programas de Prevención del Delito y Justicia y Héctor Hermoso Larrogoiti, asesor Senior del Proyecto de Consolidación de UNODC el resultado del análisis llevado a cabo en todos los Centros de Justicia Penal en el Estado.
Nayeli Sánchez Estrada dijo que la reforma constitucional del 2008, a la fecha aún representa retos para sus operadores del sistema de justicia penal, por lo que este estudio que se realiza en 16 entidades federativas del país tiene como objetivo contribuir a los esfuerzos y acciones encaminadas a fortalecer las distintas dimensiones de la justicia penal.
García López reconoció que genera satisfacción conocer las buenas prácticas reportadas en el informe y agregó que las áreas de oportunidad son dignas de comentar con los operadores del sistema para perfeccionar la justicia que se brinda a la población.
El estudio se realizó en un muestreo de audiencias iniciales, intermedias, suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado y audiencia de juicio oral, así como en visitas a todos los centros de justicia en el Estado.
Este proyecto desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México en acompañamiento de la Oficina Internacional de Asuntos Anticarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estados de los Estados Unidos de América (INL por sus siglas en inglés) tiene como objetivo impulsar la consolidación del sistema de justicia penal en México, brindando información objetiva y confiable a las instituciones locales de justicia sobre la actuación de las y los operadores que participan en audiencia y sobre las normas para instalaciones judiciales.