San Luis Potosí, al igual que la mayoría de las 32 entidades de la nación, obtuvo la cruda realidad reprobatoria en el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, producido por The World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, WJP, por sus siglas en inglés), sólo superó a doce estados, colocándose en el lugar 20.
Los resultados, sin lugar a dudas son un llamado para mejorar sobre todo en seguridad de la población, en un gobierno del Estado más eficiente, en hacer mejor y más expedita la justicia, así como abatir los índices de corrupción y abuso de algunos funcionarios, entre otros sectores que continúan en la rutina de la ineficiencia.
El Estado de Derecho, es en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa y justa con total apego a los derechos humanos.
Y el estudio para San Luis Potosí, fue reprobatorio, porque los organismos de fiscalización sí son contrapeso del gobierno estatal en materia de fiscalización y control, pero los funcionarios estatales no son sancionados cuando abusan o no cumplen la normatividad, además de que los funcionarios son calificados en actos de corrupción, y hay abuso en funciones del poder legislativo para obtener beneficios privados.
En gobierno abierto, la población no forma parte de la toma de decisiones, hay reprobación de cero en cuanto al derecho a la vida y a la seguridad de las personas y en contraparte sí existe derecho a la libertad de asamblea y asociación efectiva.
En el orden y seguridad de San Luis Potosí, hay miedo por los homicidios, está presente el crimen y se siente la inseguridad entre la población. En cumplimiento regulatorio, hay presencia de corrupción en la aplicación de normas y regulaciones.
En la justicia civil hay foco rojo en las resoluciones de los tribunales civiles y administrativos por falta de eficiencia, además de que el sistema no es expedito ni hay garantía de un proceso de calidad.
Y en el factor de la justicia penal está endeble la investigación de la policía y del ministerio público, además de que los sistemas de procuración e impartición de justicia son lentos e ineficaces y en contraparte hay calificación regular en el sistema penitenciario, el que es seguro y respetuoso
La entidad potosina en el Estado de Derecho 2019-2020, tiene los siguientes registros en los 8 factores que comprende el estudio, donde 0 es la puntuación mínima y 1 es la más alta: En Límites al poder gubernamental, 0.43; Ausencia de Corrupción es de 0.34; En Gobierno Abierto, 0.36; en Derechos Fundamentales, 0.51; en Orden y Seguridad, 0.34; en Cumplimiento Regulatorio, 0.34; la Justicia Civil alcanzó 0.36 y la Justicia Penal una calificación de 0.38.