El gobierno del estado no erogará recursos públicos en la construcción de la autopista a Matehuala porque se concesionará a la iniciativa privada hasta por 40 años, establece el decreto aprobado en comisiones unidas del Poder Legislativo.
La Autopista Entronque 75D-Matehuala es un proyecto autofinanciable, por lo que a partir del minucioso análisis del Proyecto, la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, considera que el desarrollo, construcción y puesta en operación, generará diversos beneficios sociales y económicos, sin aportaciones económicas por parte del Poder Ejecutivo del Estado.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, pretende llevar a cabo el proyecto consistente en el diseño, construcción, operación, conservación, mantenimiento y explotación de la Autopista Entronque 75D-Matehuala, tipo A4, con una longitud de 118.4 km. en el Estado de San Luis Potosí, con el propósito además de disminuir la incidencia en el tránsito de la vía libre de la carretera federal MEX-057 de San Luis Potosí a Matehuala y en consecuencia la reducción de accidentes carreteros, tráfico y comisión de delitos.
En virtud de lo anterior, el desarrollo e implementación del proyecto, tiene como objetivo incrementar la oferta de infraestructura vial en la región ya que permitirá una mayor movilidad de personas, bienes y servicios, mejorando los tiempos de traslado, cuidando en todo momento el impacto en el medio ambiente, y en consecuencia se fomentará el impulso económico de las zonas en las que se desarrollará la autopista.
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Es un esquema óptimo para la ejecución del citado Proyecto y resulta rentable para el Estado, que se realice por la iniciativa privada, a través del otorgamiento de una concesión, con base en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, siendo factible otorgarse hasta por un plazo de 40 cuarenta años, a quien resultase ganador de la licitación pública nacional que llevará a cabo el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí.
Esto, debido a que su diseño, construcción, operación, conservación, mantenimiento y explotación requieren una atención y una inversión significativa de la cual el Estado no cuenta la suficiencia presupuestal.
La autorización que el Poder Ejecutivo le solicita al Congreso del Estado, es con el propósito de transparentar y dotar de legalidad a la ejecución de la citada obra en beneficio de los Potosinos, cuya inversión y ejecución estará a cargo netamente de la iniciativa privada, por lo cual, el Estado no erogará recursos públicos de ninguna naturaleza.
Por ello, se pretende licitar de manera pública y nacional, permitiendo a los interesados presentar sus propuestas de manera libre y segura, garantizando por parte del Estado, la igualdad de oportunidades, la seguridad jurídica al conocer las reglas claras del proceso, y permitir el escrutinio público para verificar la eficiencia y honestidad de los procedimientos licitatorios.
El gobierno del estado tendrá que regresar al Poder Legislativo con una solicitud para el otorgamiento de la concesión correspondiente, donde ampliará las especificaciones técnicas, incluyendo el costo que tendrá para los usuarios el tránsito por esta vía.
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