Durante el primer trimestre del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH, registró un total de seis quejas por violencia obstétrica en la entidad, según la información proporcionada para El Sol de San Luis por la primera visitadora general, Laura Aguilar Pérez a través de su unidad de transparencia.
De estas seis quejas, la primera de ellas fue realizada en el municipio de Rioverde, en contra del Hospital General de Rioverde, una en Mexquitic de Carmona contra el Centro de Salud de Jurisdicción Sanitaria No. 3 y un total de cuatro contra el Hospital del Niño y la Mujer dónde tres de ellas pertenecen a pacientes radicadas en San Luis Potosí y otra a Rioverde.
Sin embargo, a pesar que este tipo de violencia es considerada una acción de tortura contra los derechos de la madre, este organismo no la tiene catalogada como tal, sino que las quejas que se presentan se califican y clasifican dentro de su apartado de Protección a la Salud.
Según lo referido por la directora de canalización y gestión de quejas de la CEDH, Petra Zapata Martínez, por medio de la unidad de transparencia dio a conocer que las violaciones que se presentan en este tipo de agresión constan en un aproximado de 14 hechos violatorios.
Los cuales integran el abandono del paciente, omisiones en el servicio de salud, integración irregular del expediente clínico, inadecuada atención médica, negativa a proporcionar medicamentos, limitar su derecho a la procreación, negar servicio de hospitalización, omitir proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva, y negar información sobre enfermedades de la mujer.
Es decir, se trata de acciones que generan maltrato a la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. Estás violencias se presentan en los lugares que prestan servicios médicos y se da en todas la esferas de la sociedad.
Hasta el momento y según lo informado, todas estas quejas han sido atribuidas a servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. No obstante, ninguna de ellas ha finalizado en alguna recomendación.
Por lo cual las quejas fueron remitidas a las visitadurías generales para su trámite y conclusión, así como también remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Respecto a los protocolos para realizar quejas y recomendaciones, este organismo autónomo menciona que al presentarse la o el quejoso, peticionario, denunciante o víctima a denunciar violaciones a sus derechos humanos relacionados con Violencia obstétrica , "se lleva a cabo un procedimiento general de la queja establecido en el capítulo III de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos".
Y en este sentido, cada centro médico y hospital público o privado, tiene la obligación de proveer servicios de salud materna desde la perspectiva de derechos humanos y garantizar el acceso a la atención profesional durante el parto y el periodo posterior, respetando las necesidades específicas, usos y costumbres y las decisiones de las mujeres.
Por último, dieron a conocer que durante el año pasado, a lo largo del 2021 se presentaron un total de 30 quejas por este tipo de violencia, de las cuales solo una avanzó a recomendación.
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