El robo al transporte urbano acumuló 67 denuncias a lo largo del 2018, es decir, un promedio de cinco atracos mensuales, lo que dejó al descubierto que la “supuesta” instalación de cámaras de seguridad conectadas al C4, simplemente no funcionó.

Lo anterior lo señaló, José Guadalupe González, vocero de la organización civil, “Ciudadanos Observando”, quien detalló que según el informe de Incidencia Delictiva del 2018 dada a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 14 de los 67 casos fueron con violencia, siendo el mes de octubre, cuando más robos se registraron con un total de 10.

Por ello, aseguró, que un aumento a la tarifa del transporte público sin previa revisión de las unidades, es algo que va contra lo estipulado en la ley; ante las cifras y los índices delictivos que golpean al transporte, un incremento sería “una burla”.

“De acuerdo a lo claramente señalado en el artículo 94 de la Ley de Transporte de San Luis Potosí el aumento a la tarifa no se da en automático cada inicio de año, al contrario para que esto se pueda dar los permisionarios tienen que cumplir en su totalidad con las exigencias señaladas en tres artículos”.

Por su parte, Luis Alberto Suárez Castillo, integrante de la Asociación Civil, “Ganemos”, indicó que otro de los graves problemas que se dio en los últimos meses, es la disputa entre CytiBus y Urban Pass, compañías, que en un sentido de “guerra económica” se han negado a colaborar para que ambos sistemas puedan operar en todas las unidades.

“Ni siquiera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha podido o no ha querido resolver la cuestión, situación que perjudica a gran parte de quienes utilizan el transporte urbano. Son mentira las últimas declaraciones de Margarito Terán, líder de los concesionarios en San Luis Potosí, en donde menciona que la tarifa subirá automáticamente, ya que el cálculo está sujeto al cumplimiento de los estándares de los artículo 67 y 68 de la Ley del Transporte”.