La deuda pública bancaria es el único pasivo que sería entregado al concluir la actual administración gubernamental, aunque no queda descartado que la iniciativa de reestructura sea autorizada por el Congreso del Estado.
Para el titular de la Secretaría de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, aún hay confianza de que, en semanas subsecuentes, el Poder Legislativo apruebe el refinanciamiento el citado compromiso, acumulado en los últimos años.
El funcionario estatal detalló que la deuda que será entregada es aproximadamente de 900 millones de pesos menos a lo que se recibió en el año 2015; al inicio de la actual administración gubernamental el pasivo bancario era de poco más de 4 mil 300 millones de pesos.
La reestructura que se propone, explicó, no se incrementa en ninguna forma, solo en el plazo, pues aumenta tres años el pago de la deuda, pero no en cantidad, “actualmente, cada mes son pagados a la institución bancaria al menos 33 millones de pesos por abono a capital, intereses y servicios de la deuda”.
Ese pasivo bancario sería el único que recibiría la gestión gubernamental que inicie funciones en el mes de septiembre de este año, insistió, “esa cantidad no se encarecería si procede la autorización legislativa para realizar una reestructura y refinanciamiento”.
El titular de Finanzas reiteró que si se realiza la maniobra financiera, “tampoco sería afectado el porcentaje de las participaciones federales que recibe San Luis Potosí, comprometidas en garantía de pago”.
Finalmente, Pedroza Gaitán destacó que la institución bancaria no ha tenido que recurrir -durante la actual gestión gubernamental- a descontar en forma directa esas garantías, “hasta ahora hemos cumplido en forma adecuada con esos compromisos” concluyó.