Tras el rechazo del Congreso del Estado de San Luis Potosí por la despenalización del aborto, activistas feministas se posicionaron al respecto. Conjuntamente señalan que los legisladores locales han cometido un acto que fractura los derechos humanos de todas las mujeres, impidiéndoles una vez más tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos.
La Interrupción Legal del Embarazo, ILE, dotaría de autonomía a las mujeres no sólo sobre sus cuerpos y decidir libremente sobre ellos, sino también decidir por sus vidas y cómo quieren vivirlas, así lo refirió Mariana Prieto, activista y maestra en Derechos Humanos, quien además agregó que “Esto también daría la posibilidad de acercar a todas las mujeres a temas sobre derechos sexuales y reproductivos, que puedan conocer sus cuerpos y eliminar a la maternidad como un destino, y que sepan que no es su obligación cumplir con ese mandato”.
Además insistió que desechar la iniciativa para despenalizar el aborto, es una barrera a la salud pública integral, donde hasta la integridad física y emocional de cualquier mujer podría ser puesta en peligro, “Quitar el aborto del código penal también simboliza una lucha histórica respecto a eliminar ese castigo social y moral que pesa sobre las mujeres que deciden no ser madres, y que son criminalizadas por ser "malas" mujeres.
“Sin duda, despenalizar el aborto en San Luis Potosí también supone cumplir con los criterios nacionales e internacionales en tema de derechos humanos, ya que incluso en el marco de garantía, el Estado Mexicano está obligado a observar desde la reforma de 2011 que habla del Aborto Legalizado, donde deben observarse disposiciones, como las establecidas por la OMS, para que las mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos. Incluso ir más allá de esquemas cerrados de lo que es legal o no, pues el hecho de que un derecho no esté plasmado en una ley escrita, no significa que no exista y deba ejercerse y garantizarse, el acceso a la interrupción legal del embarazo es una manera de que las mujeres vivan dignamente y fuera de toda violencia”.
También indicaron que el aborto legal no sólo refiere poder tomar decisiones políticas sobre sus cuerpos, sino también es una vía hacia la dignificación humana, porque el parir y gestar para muchas mujeres se convierte en una tortura. Señalan que la sociedad olvida que el acto de abortar siempre ha existido, pero son las mujeres pobres y violentadas, son las que cargan con el lastre de la moral y buenas costumbres de cumplir con una maternidad forzada. Así lo manifestó Olga L. H. , activista feminista universitaria, quien además señala que estas son algunas de las tantas problemáticas que las mujeres tienen qué enfrentar al ser obligadas a maternar.
“Forzar a una niña o mujer a gestar y parir es tortura. El tema del aborto es un tema de salud pública. Es indignante cómo los diputados como Óscar Vera se atrevan a opinar en contra del aborto con argumentos como: "Yo soy mocho, soy católico".
Cualquiera que haya visto la discusión en el Congreso de San Luis Potosí donde se rechazaron dos iniciativas que buscaban despenalizar el aborto en el Estado, se daría cuenta que los diputados no hicieron su tarea y sus únicas motivaciones son de índole personal. Mientras del otro lado hay mujeres abortando en la clandestinidad, arriesgando su vida, su libertad y su seguridad”.
“Que los diputados hayan votado en contra de estas iniciativas habla de un Estado que no mira a las mujeres, un estado al que le es imposible ver qué las mujeres abortan, abortaron y abortarán aunque el Estado no lo quiera reconocer. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, abortar para no morir, las consignas son claras, las exigencias son una deuda histórica”.
De igual forma añadió que la interrupción Legal del embarazo es un derecho humano, y que es una exigencia para que mujeres y niñas no sean obligadas a gestar y parir, e insistió en “que el Estado obligue a las mujeres a llevar a término un embarazo no deseado para nada salva dos vidas, sino que condena a ambas a una serie de situaciones vulnerables que los coloca tanto a madre como hijo en peligro.
Sí el estado no le puede garantizar este derecho a las mujeres, acá hay otras tantas mujeres feministas que van a acompañar a las mujeres que decidan abortar”.
Respecto a los grafitis realizados en algunas de las sedes partidistas que representan los diputados que votaron en contra del aborto legal, diversos colectivos y activistas mencionaron que sólo es una muestra de desprecio hacia las decisiones antiderechos que se tomaron en la tribuna. “La molestia es legítima, y frente el nulo apoyo de los legisladores, estas prácticas demuestran el hartazgo de un sector cada vez más creciente de mujeres informadas, que se indignan por la nula acción de quienes deben legislar a favor de nosotras”, así lo expresó la antropóloga y maestra en Ciencias Sociales, Fernanda Ruiz.
Y mientras se debaten entre la legalización o el nulo acceso al aborto, una cosa es cierta, según lo indica un estudio del Instituto Guttmacher que cita cifras de Marie Stopes México y Fondo María, actualmente se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anuales en todo México.
Así también según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), la tasa específica de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años se incrementó de 69.2 a 77 nacimientos por cada mil mujeres de este grupo de edad, donde además según cifras indicadas por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en México, refiere que cada día 32 niñas quedan embarazadas por violación y que son obligadas a parir.
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