La capacidad económica de los mexicanos y las actividades productivas han disminuido ante la contingencia sanitaria, esto ha repercutido negativamente en la recaudación de los servicios de agua potable hasta en un 50 por ciento.
Así se advirtió desde el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, (ANEAS), instancia que reiteró su llamado para que, “bajo ningún motivo la CFE suspenda el suministro de energía eléctrica a los prestadores de los servicios de agua y saneamiento, que por la disminución de sus ingresos no puedan cubrir el pago de sus recibos”.
Las amenazas de corte por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nuestros asociados las consideramos improcedentes, sobre todo en un escenario como el actual, señalaron.
De igual forma dieron a conocer que los organismos operadores estatales, municipales, intermunicipales y comunitarios han enfrentado un incremento en la demanda promedio nacional de 30 por ciento, colocándolos incluso en la disyuntiva entre pagar energía eléctrica o pagar sueldos del personal operativo.
A pesar de lo anterior, los miembros de la ANEAS se han comprometido con los mexicanos a no cortar al servicio de agua potable por falta de pago.
Manifestaron que, “para evitar poner en riesgo la dotación de agua potable de los hogares, hospitales y centros de salud, solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Electricidad: que, bajo ningún motivo, la CFE suspenda el suministro de energía eléctrica a los prestadores de los servicios de agua y saneamiento de México”.
Finalmente pidieron que las tarifas eléctricas a los prestadores de servicios de agua y saneamiento sean acordes al carácter de emergencia sanitaria por ser usuarios industriales “y se nos reconozca una tarifa de servicio público, de interés nacional y con función social”.
La ANEAS está integrada por organismos operadores estatales, municipales, intermunicipales y comunitarios, quienes continúan con la prestación del servicio de agua potable, al igual que antes de la contingencia, a más de 100 millones de mexicanos, incluyendo a diversas instituciones prioritarias como lo son hospitales y centros de salud.
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