Reafirma Ayuntamiento compromiso con la transparencia y legalidad

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Contraloría Interna Municipal, llevó a cabo la exposición del “Procedimiento Administrativo de Responsabilidades” que atiende a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que entró en vigor en julio de 2017, con el único objetivo de actuar con imparcialidad y de conformidad con los principios de legalidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.

En su intervención, el Secretario General del Ayuntamiento, Jesús Ernesto Barajas Ábrego reafirmó la instrucción precisa del Alcalde interino, Juan Carlos Torres Cedillo de concluir el trienio sin ninguna observación o recomendación, “por lo que es necesario redoblar los esfuerzos en materia de transparencia, así como en el cumplimiento a cabalidad de la ley por parte de toda la plantilla laboral municipal”.

En la sala de capacitación de la Unidad Administrativa Municipal, consideró fundamental este tipo de actualización hacia el personal para confirmar las responsabilidades que “tenemos como servidores públicos, asumirlas y conducirnos siempre bajo lo que establecen las normas a fin de evitar sanciones incluso severas que incluyen las nuevas disposiciones en esta materia”.

Igualmente, hizo un reconocimiento tanto a la Contraloría Interna Municipal, así como a quienes representan a distintas áreas del Gobierno capitalino, “por actualizarse y trabajar de manera coordinada con el órgano investigador del Ayuntamiento con la única finalidad de cerrar el trienio no sólo con obras, acciones y programas, sino con respeto absoluto a las leyes que día con día se renuevan para garantizar una mayor transparencia”.

Por su parte, el Contralor Interno, Ignacio González Rivas detalló que previo al Procedimiento Administrativo de Responsabilidades inicia la etapa de investigación, en la que se llevarán de oficio las auditorías debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia.

Concluidas las diligencias de investigación, se procederá al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa. Las faltas no graves serán investigadas, substanciadas y resueltas por la Contraloría Municipal, y las graves, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Finalmente, detalló que la autoridad también puede imponer medidas de apremio, consistentes en multa y hasta arresto. No obstante, existen medios de impugnación como en todo procedimiento administrativo, los cuales podrán hacer valer las partes conforme a lo establezca la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.