/ lunes 14 de enero de 2019

Purificadoras de la administración gallardista operaban con tomas clandestinas

Dejaron de ingresar al INTERAPAS recursos por 2 millones 250 mil pesos por el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las 25 potabilizadoras, durante la pasada administración municipal

La Dirección Comercial de Interapas confirmó que las 25 potabilizadoras ubicadas en la zona metropolitana que operaba la anterior administración municipal eran tomas clandestinas, ya que estaban conectadas a la red de distribución, sin haber realizado un contrato para la prestación del servicio con el organismo operador.

El área Comercial de Interapas estableció que cada una de las tomas comerciales –que debería haber contratado el Ayuntamiento de la capital- tienen un costo de 14 mil pesos, aproximadamente, que sumado a las 25 tomas, hubieran representado ingresos para el organismo operador por 350 mil pesos.

Asimismo, el costo presuntivo al bimestre por el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de cada una de las potabilizadoras era de 5 mil pesos, aproximadamente, que equivale a 30 mil pesos al año y durante el periodo de la administración a 90 mil pesos, que multiplicado por las 25 potabilizadoras, representan 2 millones 250 mil pesos que dejaron de ingresar por este concepto al organismo operador.

El organismo operador Interapas solicitó al Ayuntamiento el listado de las ubicaciones de las 25 potabilizadoras para cotejarlas en el padrón de usuarios, sin embargo, no estaban dadas de altas.

Posteriormente, personal del área Comercial realizó un recorrido de campo y constató que cada una de las tomas estaban conectadas a la red de distribución sin estar dadas de alta en el padrón de usuarios, por lo que se les cataloga como “tomas clandestinas”.

Finalmente, se informó que personal de la delegación de Interapas de Soledad está siendo lo propio para revisar las tomas de cada una de las potabilizadoras que opera el Ayuntamiento ubicadas en aquella demarcación y constatar que estén dadas de alta en el padrón de usuarios, de lo contrario para que sean regularizadas por la autoridad municipal para que paguen por la instalación de la toma y por el suministro de agua potable.

La Dirección Comercial de Interapas confirmó que las 25 potabilizadoras ubicadas en la zona metropolitana que operaba la anterior administración municipal eran tomas clandestinas, ya que estaban conectadas a la red de distribución, sin haber realizado un contrato para la prestación del servicio con el organismo operador.

El área Comercial de Interapas estableció que cada una de las tomas comerciales –que debería haber contratado el Ayuntamiento de la capital- tienen un costo de 14 mil pesos, aproximadamente, que sumado a las 25 tomas, hubieran representado ingresos para el organismo operador por 350 mil pesos.

Asimismo, el costo presuntivo al bimestre por el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de cada una de las potabilizadoras era de 5 mil pesos, aproximadamente, que equivale a 30 mil pesos al año y durante el periodo de la administración a 90 mil pesos, que multiplicado por las 25 potabilizadoras, representan 2 millones 250 mil pesos que dejaron de ingresar por este concepto al organismo operador.

El organismo operador Interapas solicitó al Ayuntamiento el listado de las ubicaciones de las 25 potabilizadoras para cotejarlas en el padrón de usuarios, sin embargo, no estaban dadas de altas.

Posteriormente, personal del área Comercial realizó un recorrido de campo y constató que cada una de las tomas estaban conectadas a la red de distribución sin estar dadas de alta en el padrón de usuarios, por lo que se les cataloga como “tomas clandestinas”.

Finalmente, se informó que personal de la delegación de Interapas de Soledad está siendo lo propio para revisar las tomas de cada una de las potabilizadoras que opera el Ayuntamiento ubicadas en aquella demarcación y constatar que estén dadas de alta en el padrón de usuarios, de lo contrario para que sean regularizadas por la autoridad municipal para que paguen por la instalación de la toma y por el suministro de agua potable.

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