El programa “Puerta Violeta” fue implementado al vapor y con carencia de manuales operativos concretos y específicos, que le permitieran a la ciudadanía y a las propias trabajadoras saber cuáles eran la funciones de cada puesto y área.
Nadie sabe bien a bien los alcances de los servicios jurídicos, psicológicos y médicos que allí se proporcionan, así lo señaló el activista Hugo Carballo Hernández.
El presidente de la Asociación Civil “IMA Transformando Vidas” añadió que, aunado a lo anterior, está la falta de manuales operativos, protocolos, ordenamientos jurídicos y reglamentos, que permitieran -incluso a las trabajadoras- saber cuáles eran los alcances de sus funciones en dicho programa.
Denunció que, a la par de todo esto, se colocó como Jefe de Sección Administrativo, con clave o nivel de puesto 4058, a Daniela Varela Urbina, quien es sobrina de Adriana Urbina Aguilar, directora del sistema DIF municipal.
Cabe destacar que, abusando de su posición de privilegio -al de ser sobrina de la directora del sistema DIF Municipal-, así como por la falta de manuales operativos, Varela Urbina comenzó a dar indicaciones verbales y arbitrarias a las trabajadoras del programa puerta violeta para que negaran el servicio al público.
Carballo Hernández explicó que se daban indicaciones directas para que no se elaboran demandas por reconocimiento de paternidad, quejas por violaciones a derechos humanos, órdenes de protección por violencia de género ocurrida en el ámbito laboral, amparos colectivos por violaciones sistemáticas e institucionales ocurridas en el Poder Judicial del Estado, todo en agravio de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos.
Finalmente, consideró que la forma de operar de este programa, “solo deja ver la falta de seriedad y compromiso con la que el Alcalde Xavier Nava Palacios, ha decidido abordar la grave problemática que implica la violencia de género en San Luis Potosí, pues lejos de crear un programa sólido y jurídicamente bien estructurado con delimitaciones de funciones claras, por el contrario lo que creó fue un programa sin estructura jurídica que no le permite a las mujeres violentadas tener certeza en la atención que allí se les puede brindar, así como seguridad jurídica en cuanto a los acompañamientos y seguimientos de sus problemáticas, dando como resultado un programa ineficiente y que revictimiza a la mujeres y a sus hijas e hijos”.