La lucha de las comunidades indígenas de San Luis Potosí contra el fracking no cederá; activistas aseguran que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinaron 3 mil 350 millones de pesos para actividades de explotación de hidrocarburos, a través de la facturación hidráulica.

Integrantes del Observatorio Indígena y activistas de Tancanhuitz, Tanlajás, Aquismón, Tamazunchale y Matlapa, sostendrán una reunión con Adolfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para insistir en la iniciativa que prohíba en el país esta práctica, que dicen, es sumamente dañina.

Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena, explicó que pese a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado siete veces contra el fracking, su gabinete y el Congreso de la Unión aprobaron destinar recursos para realizar actividades bajo este procedimiento.

Sostuvo que en el INPI, se van a tocar tres aspectos principalmente: uno, proseguir con los trabajos que hemos emprendido para llevar a ley la prohibición del fracking y una iniciativa ciudadana para impulsar el derecho al agua, es decir, a la no privatización del agua. Además expondrán la necesidad de tener al frente del INPI en San Luis Potosí a una persona indígena, no un mestizo.

"Está vigente un contrato en el pozo de Ébano, para poder explotar la zona, y el mismo presidente se ha pronunciado siete veces en que no está de acuerdo con el fracking, lo cierto es que no hay una prohibición legal, y lo cierto también es que en el presupuesto de la Federación, está presupuestado el desarrollo del mismo".

"También vamos a tratar el tema de que la persona que esté a cargo del INPI en la entidad, sea una persona indígena, no un mestizo, un hablante de la lengua, que esté conviviendo en la comunidad. No es que esté el fracking en la Huasteca, sino toda acción prospectiva que puede propiciar la entrada del fracking, es lo que nos preocupa".

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