Ante la severa crisis de agua que enfrenta el estado potosino, en específico la Huasteca, grupos de investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, y el Colegio de San Luis, Colsan, aseveran que defenderán el derecho al agua de los ciudadanos ante la intención de llevarse nuestro más preciado recurso natural al estado de Nuevo León, bajo varias premisas como que el convenio con la entidad vecina, ya venció, entre otras.
Fue el grupo Universitario del Agua de la UASLP, conformado por Antonio Cardona Benavides y Fernando Díaz Barriga y el Observatorio Socioambiental del COLSAN, que encabezan Enrique Granados Muñoz y Francisco Peña, quienes señalaron que la Huasteca es la región que tiene menos cantidad de agua de lluvia, presenta altas temperaturas que hacen perder más rápido el líquido que tenemos, y además comentaron que no se pueden llevar el recurso natural porque las autoridades buscarían llenar las expectativas de las grandes cerveceras y no de sus ciudadanos, ya que cuando no hay agua, son las colonias las que se quedan sin el líquido y no las grandes industrias.
De acuerdo a las recientes noticias y afirmaciones que aseveran que el proyecto hidráulico de trasvase denominado Monterrey VI, tiene posibilidades para su edificación y puesta en marcha, este grupo de investigadores citaron que el proyecto que se propuso en el año 2011 en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, consistió en una obra de toma en una zona colindante entre San Luis Potosí y Veracruz en la región pluricultural llamada Huastecas, donde viven comunidades de diferentes pueblos originarios. Como tal, es una intención que se tiene documentada cuando menos desde la década de los noventa.
Llevar agua desde la cuenca del Pánuco al norte del país es una intención añeja que está basada en lo que algunos organismos gubernamentales definían como una región hidrológica con superávit hídrico.
"Ante el fenómeno de cambio climático, la variabilidad del clima en la Región Huasteca y las sequías, esta aseveración ha dejado de ser cierta. El modelado basado en datos de los últimos 40 años, señala que cada año hay días con altas temperaturas y cada vez hay, más días con temperaturas superiores a los 25 °C. Esto repercutirá en tasas de evapotranspiración mayores que disminuirán el almacenamiento de los cuerpos de agua en el futuro próximo; y además, no pueden descartarse períodos de sequías".
A su consideración, no puede permitirse la operación de un proyecto hídrico sustentado en un estudio de impacto ambiental, que tiene más de una década de antigüedad. Por ley, Monterrey VI requiere de nuevos estudios, incluido el de impacto ambiental, además de contemplar la variabilidad climática, también tiene que considerar el impacto sobre los ecosistemas.
Un ejemplo de la mala situación que se desarrolla, es la salinización del Pánuco. "El proyecto Monterrey VI, afectaría los volúmenes disponibles de agua en la región Huasteca, en particular en la época de estiaje, precisamente cuando la intrusión salina en el río Pánuco es más grave. Esto significa que las aguas marinas, modificarán con mayor impacto, la dinámica eco hidrológica, tanto en el acuífero local como en la propia corriente del río Pánuco".
Recomiendan que quien quiera ser el próximo presidente de la República Mexicana, se tiene que sentar obligatoriamente con los investigadores de México porque los aspectos ambientales son demandas apremiantes y fundamentales para los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí "en términos de la estructura y la función de la unidad hidrológica, generará alta inestabilidad con consecuencias en la flora y la fauna de una región que, por las múltiples funciones ecosistémicas, resulta relevante para todo el noreste del país".
El estudio de impacto ambiental debe incluir simulaciones hidrodinámicas para conocer la extracción del agua y como consecuencia, disminución del gasto en el río. Expresamos nuestro extrañamiento con respecto a la idea de revivir el proyecto Monterrey VI, puesto que la asignación de agua para Nuevo León se encuentra legalmente vencida".
Adicionalmente insistieron, que se requiere un nuevo estudio de impacto ambiental. En el marco del derecho humano al agua, antes del proyecto Monterrey VI, debe revisarse el estado del acuífero de aquella ciudad, el cual está acaparado por intereses industriales y corporativos, que han puesto en riesgo la disponibilidad del vital líquido para la población.
La propuesta siempre ha tenido un alto costo financiero que incrementó en el tiempo. Hasta el mes de marzo de 2014 se había firmado el convenio de coordinación para la planificación, construcción y operación del proyecto, por un monto de 18 mil 283 millones de pesos, que se adjudicó a diversas empresas. La obra se detuvo, entre otras razones, por la oposición en la cuenca receptora. Vale la pena recordar estos datos a la luz de una nueva intención. A precios de 2023, seguramente la obra ahora tiene un costo mayor, sorprende la insistencia de revivir un proyecto sin mejorar el abasto local, por ejemplo, mediante la sectorización de la ciudad de Monterrey a fin de disminuir las filtraciones de su acuífero.
Preocupan los impactos del proyecto a nivel estatal, pues Monterrey VI en su primera etapa, extraería directamente del Pánuco hasta 5 m3/s, el proyecto en su conjunto planteó trasladar hasta 15 m3/s. Para tener una idea de estas cantidades, el acueducto de El Realito, es tres veces menor a los 372 km de Monterrey VI, en tanto el volumen de agua a extraer del Pánuco, sería hasta 15 veces superior al recurso que del Realito se repartirían dos Estados, San Luis Potosí y Guanajuato (15 m3/s equivale a 130 mil pipas diarias de 10 mil litros cada una).
"Son varios los argumentos que se han generado para justificar a Monterrey VI, pero, desde su primera propuesta formal en el año de 2011, el proceso ha sido opaco y discrecional, al margen de organismos ciudadanos, el Consejo de Cuenca del Pánuco y los diferentes sectores interesados en el tema, no son aceptables, tampoco las asignaciones por decreto. Aunado a todo lo anterior, este asunto es regional. De esta misma cuenca se abastecen dos obras hidráulicas de trasvase como lo son el Realito y el Acueducto 2 de Querétaro, lo cual pone en duda la viabilidad y la disponibilidad en el volumen para pensar en una obra que representa movilizar agua".
Se solicitó a las autoridades, recordar los problemas con proyectos similares, por ejemplo, el sistema Cutzamala, por lo que debatir, discutir o dialogar la viabilidad sobre un proyecto como éste, no es un asunto que compete o que es exclusivo de los gobernadores de los Estados.
Exhortaron a que se escuche el sentir de las organizaciones sociales afectadas, tanto en la zona de extracción del recurso como en la zona receptora del mismo, recordando que este proyecto cuenta con voces en contra, en ambas zonas del pretendido trasvase. "Antes de pensar en la construcción de la sexta etapa de abasto a la ciudad de Monterrey desde una fuente tan lejana, deberían de considerar que se debe llevar a cabo un diagnóstico detallado sobre los compromisos no cumplidos de los diversos órganos de gobierno en diferentes periodos en la región, por ejemplo, las etapas inconclusas del distrito Pujal-Coy y las demandas de los ejidos Plan de Iguala y Emiliano Zapata del municipio de Tamuín que dependen del abasto hídrico del río Pánuco. Se recomienda que incrementen las inversiones dirigidas a la diversificación de fuentes alternas de agua, con la finalidad de incrementar la oferta de agua a la población".
Una solución que proponen es contemplar la recuperación de un porcentaje del volumen de agua que se pierde por fugas en las tuberías de abastecimiento de agua a la población, rescate de agua que se fuga subterráneamente de los principales almacenamientos superficiales y actualmente en operación, recolección y almacenamiento de agua de lluvia a escala local, incrementar el volumen del líquido tratado que se destine a uso industrial para disminuir la utilización de agua de primer uso y mantenimiento, biorestauración y preservación de los ecosistemas terrestres que proporcionan servicios hídricos, como la recarga natural de agua subterránea y la regulación del ciclo hidrológico".
Quieren ser partícipes en la revisión del proyecto y del nuevo estudio de impacto ambiental que se requiere. Este proyecto debe enmarcarse en la mejor ciencia disponible, así como en la ablución de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza ya amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN.
Asimismo, consideraron que las comunidades de la zona, tienen derecho a la información y a la participación de la decisión, especialmente las comunidades y pueblos indígenas, quienes además de su derecho al agua, cultivan un vínculo social, cultural de valor religioso con los ríos de la región, lo anterior bajo el espíritu del Acuerdo de Escazú y el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas establecido por el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de los cuales nuestro país es una nación signataria.