Si la bandera del gobierno federal es el combate a la corrupción, cancelará la construcción de la presa La Maroma, pues el proyecto “está plagado de corrupción”, señaló Guillermo Luévano Bustamante, representante legal de ejidatarios de La Presa que se oponen a la construcción del embalse debido a que se les quitará agua a la que tienen derecho.
El coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico del posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se pronunció respecto a la carta que le entregaron habitantes del Altiplano al Presidente de la República en su visita al estado, y destacó que a pesar de dicha solicitud, la contraparte ha acreditado ante tribunales “que no debe continuarse una obra ilegal”.
Recordó que la obra está sustentada en varios actos ilegales, por ejemplo, “la falta de permisos para explosivos que otorga la Sedena y no tiene la obra, la falta de permiso para explotación de materiales pétreos que da la Segam y no lo ha otorgado, la irregularidad con la que se promovió la Manifestación de Impacto Ambiental, y sobre todo la falsificación de documentos que implican directamente al delegado de la Conagua Manuel Téllez Bugarín (quien ya no está en el cargo) y está en la Fiscalía la denuncia de los ejidatarios donde se exhibieron documentos que falsifican su firma, se falsificó un acta de asamblea donde aparecen firmas de personas muertas”.
Señaló que todas estas pruebas se le entregaron al Presidente, así como al delegado Gabino Morales Mendoza y al delegado regional Roberto Ramírez Montoya, “confío en que por la administrativa o por la vía judicial, tarde o temprano este proyecto debe ser suspendido simplemente porque es ilegal”.
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