Sofía Concepción Rodríguez Loredo del Laboratorio Político Estratégico Raúl Ramos Zavala, junto con un grupo menor a diez personas protestaron en la Plaza de Armas por el décimo aniversario de Ayotzinapa. Aunque llegaron casi una hora después de la convocatoria hecha, colocaron pancartas con los rostros de cada uno de los jóvenes desaparecidos.

Cabe recordar que el 26 de septiembre de 2014, los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron atacados por policías municipales, federales y cómplices del crimen organizado. En el ataque murieron tres estudiantes y tres personas ajenas al grupo. En total, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fueron detenidos y hasta hoy desaparecidos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se creó la "verdad histórica", fue una falsa narrativa para dar fin al caso, lo que despertó la indignación. Ante la falta de resultados, intervino el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes advirtieron de las inconsistencias del caso. En 2018 asumió la presidencia López Obrador, quien prometió dar con los responsables y cumplir con la justicia, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

La comisión se coordinaría con la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) y el GIEI. Pero al final no pasó nada, muchos de los detenidos están llevando su proceso en libertad.

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En julio de 2023, en el último informe de GIEI, se señaló que el ejército participó en la desaparición de los estudiantes en complicidad con el crimen organizado, además menciona que los militares participaron en torturas, e intentaron borrar las huellas de su participación. En septiembre de 2023, las familias pidieron al ejército la entrega de 800 folios que pueden ser de importancia para saber el paradero de los jóvenes, pero el presidente ha negado la participación del ejército en el crimen de Estado, de igual manera negó la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y del General Salvador Cienfuegos.

“Es lamentable que, a diez años de este cruel crimen de Estado, las familias tengan que encontrarse con la impunidad. Sin importar el signo político, el mensaje es peligroso: no hay justicia que toque al ejército”.

Expresó “no se llegó a la justicia como uno realmente lo esperaba, porque si ellos no recibieron justicia a pesar de que tenía todo el Estado de su lado, qué podemos esperar las demás víctimas, no en caso de desaparición forzada y también preocupante que no estén los normalistas potosinos recordando a los compañeros”.