Las Fiscalías Especializadas, Unidades Especializadas o Delegaciones Especializadas para la Atención de los Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas, deben tener traductores de las lenguas indígenas que se hablen en las regiones en donde se encuentren adscritas.

Se trata de una acción necesaria e inaplazable para asegurar el derecho a la justicia, al ser una deuda histórica para con los pueblos indígenas, al igual que la preservación de sus lenguas madres.

Con ese fin, la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero presentó una iniciativa de adición al último párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Indica que la problemática de la falta de intérpretes en los organismos de justicia, persiste en las zonas con población hablante de lenguas indígenas de nuestro estado, obstaculizando el elemental derecho a la justicia.

Según datos del Consejo Estatal de Población, (COESPO), al 2020 existían en San Luis Potosí 231 mil 213 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena; esta cantidad representa el 8.6% del total de la población de 3 años y más en la entidad y coloca al estado en el lugar 9 a nivel nacional con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena, después de Oaxaca (31.2%), Chiapas (28.2%) y Yucatán (23.7%).

Del total de hablantes de lengua indígena 49.7% son hombres y 50.3% son mujeres.

Respecto a su distribución en el estado, los municipios con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son San Antonio (81.9%), Tanlajás (79.6%), Coxcatlán (77.5%), Aquismón (69.6%) y Tancanhuitz (66.8%)”; siendo estas demarcaciones donde se requieren mayores esfuerzos en relación a la necesidad de contar con traductores de lenguas indígenas para asegurar el acceso a la justicia.

La iniciativa se encuentra en análisis en las comisiones de Justicia; y Asuntos Indígenas.