El gobernador Juan Manuel Carreras López propuso a los diputados de la LXII Legislatura, abrir el debate sobre la política prohibicionista del uso de la marihuana e involucrarse en mesas de trabajo para resolver la grave problemática de la seguridad pública.

Reconoció su responsabilidad por los resultados en este tema, pues aunque las estadísticas oficiales reflejan grandes avances en la disminución de delitos, la percepción social considera que no es suficiente, lo que obliga, dijo, a que todos se involucren porque no es una tarea exclusiva del gobernador del Estado.

Los feminicidios, las ejecuciones, la comisión de delitos patrimoniales y el autogobierno en las cárceles, fueron los principales temas abordados por los diputados, durante la comparecencia que tuvo una duración de poco más de cuatro horas, ante un recinto legislativo abarrotado por más de 400 personas.

La comparecencia transcurrió sin sobresaltos, pues hubo una cartulina exigiendo la aparición de la niña Zoe, el ex diputado José Luis Romero lanzó algunas críticas contra el gallardismo y el activista Rafael Aguilar bromeó respondiéndole con “cállate”.

Destacó que la Comisión Global de Políticas de Drogas presentó su informe 2018 sobre el impacto que ha tenido en los últimos 40 años la política prohibicionista en materia de drogas, subrayando de manera destacada el hecho de que no se ha logrado disminuir el consumo de las drogas, y que es un mercado dominado por el crimen organizado con una evidente carga de violencia creciente en todo el mundo.

“Por ello, invito al Congreso del Estado a que realicemos una convocatoria amplia e inclusiva en la que participen la sociedad civil, la academia, representantes de la Federación y de organismos internacionales para tratar este tema, del que San Luis Potosí no puede estar exento”, dijo.

Desde la tribuna del pleno, el gobernador priísta respondió a 22 diputados que participaron, quienes lo cuestionaron sobre los 51 feminicidios del trienio que lleva 1,198 homicidios dolosos, el hecho de que 90 por ciento de los delitos sean del fuero común, la desconfianza en los ministerios públicos, las cámaras que no funcionan, la falta de capacitación a policías que además no pasan el examen de control y confianza, los fallidos programas de rehabilitación, el acoso a las mujeres, entre otros temas.

El diputado del PT Pedro Carrizales “El Mijis” cuestionó al Gobernador sobre la falta de apoyo para evitar que jóvenes entren a la delincuencia organizada, el fracaso de las políticas públicas en la reinserción social y anunció que abandonaría el pleno porque no estaba de acuerdo con la forma en que se hacen las cosas. No se esperó a la respuesta y por lo tanto no escuchó la invitación del ejecutivo para que en los barrios y colonias ayude al rescate de los jóvenes.

Las diputadas Marite Hernández, Vianey Montes Colunga, Angélica Mendoza Camacho, María del Consuelo Carmona Salas, Paola Arreola Nieto y Martha Barajas, abordaron desde distintos puntos la violencia contra las mujeres y exigieron resultados.

El Gobernador dijo que la incidencia delictiva contra las mujeres viene de hace 30 años pero se han creado centros de justicia en todo el estado, se lleva a cabo una agenda donde el tema de género está presente, se trabaja en la reconstrucción del tejido social y se aplica una política de cero tolerancia. Además habrá un centro de capacitación para evitar la violencia de género.

Manifestó que antes de irse instalará 800 cámaras en la Zona Metropolitana más las que ya tienen los ayuntamientos de la Capital, Matehuala y Rioverde, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional construye instalaciones en el Altiplano. Destacó la creación de la Fiscalía General del Estado.

“La reconstrucción de la sociedad es una tarea conjunta, no es solamente del Gobernador, corresponde a todos combatir la impunidad”, advirtió.

La diputada Sonia Mendoza le pidió que explicara cómo funcionan los diversos protocolos de seguridad y el gobernador reconoció que en esos momentos no los conocía, mientras que Rolando Hervert destacó la falta de preparación y arraigo de los policías municipales. El gobernador estuvo de acuerdo en que no debe haber policía municipal nueva cada tres años y se comprometió a implementar las mesas de diálogo, para tratar temas de personas desaparecidas, por ejemplo.

Los diputados Cándido Ochoa Rojas, Edgardo Hernández Contreras y Eugenio Govea Arcos se comportaron a la altura con preguntas serias; Carreras López les respondió que sí encabeza reuniones de seguridad, que asume la responsabilidad de mantener en sus cargos al gabinete de seguridad y adelantó que requerirá de un esfuerzo presupuestal, para solucionar el problema de los policías sindicalizados.

Luego de poco más de cuatro horas, el gobernador agradeció la invitación para aclarar el estado que guarda la seguridad pública en San Luis Potosí.