Los ayuntamientos deben multar a los ciudadanos que no usen cubre bocas en la vía pública y a los negocios o establecimientos oficiales sin protocolos sanitarios, más tratándose de personas con Covid-19 que se convierten en una “bomba biológica”, dijo el diputado Eugenio Govea Arcos.
Presentó 58 iniciativas de reforma a igual número de leyes de ingresos municipales, para crear el marco legal que permita a, quien lo desee, la aplicación de multas de 2 a 4 UMAS, es decir, de 173.76 pesos a 347.52 pesos.
A las y los infractores jornaleros, obreros, o trabajadores, la multa será de un día de salario de su jornal, y a los establecimientos comerciales, gubernamentales, y de producción, de 40 a 80 UMAS, lo que representa de 3,475.20 hasta 6,950.40 pesos por no cumplir los protocolos sanitarios.
El objetivo es darle herramientas a los ayuntamientos para fortalecer las medidas de prevención a los contagios, ya que mientras la Organización Mundial de la Salud y países que han logrado controlar la pandemia han aplicado medidas como el uso del cubre bocas, en México ni el presidente ni el sub secretario de Salud, lo usan.
De acuerdo a la propuesta del legislador, las multas se causarán por infracciones a acuerdos, disposiciones, convenios, y ordenamientos que emita la autoridad municipal, en coordinación con las autoridades sanitarias cuando se declare una epidemia, pandemia, o emergencia sanitaria.
El legislador Govea Arcos expuso que “dentro de las recomendaciones sanitarias, no se incluyó el uso de cubre bocas, ya que en un principio las autoridades sanitarias a nivel federal, e incluso el propio Ejecutivo Federal, sostenían que el uso de éste era nulo para la prevención y reducción de contagios, postura que en cuestión de días cambiaron y exhortaron a la población a hacer uso de él. Sin embargo, solo quedó en un exhorto, más nunca se publicó como una medida sanitaria que los estados deberían adoptar”.
Hasta el mes de diciembre se estarían aprobando las nuevas leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, las cuales entrarían en vigor el 1 de enero de 2021, es decir en 3 meses más, por lo que sin lugar a dudas se debe tratar con carácter de urgente el tema de que los municipios puedan actuar en consecuencia de aquellas personas o establecimientos que no hagan efectivos los acuerdos que se emitan en materia de las medidas sanitarias por Covid-19.
